El presidente Luis Arce ratificó el lunes que los hechos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz), fue una masacre, pues “torturaron, criminalizaron y violaron los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos”.
Dijo que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) investigará todos los casos y que la justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno hace un año.
El 1 de noviembre pasado, el presidente se comprometió a investigar y encontrar a los culpables, tanto intelectuales como materiales, de las muertes de Senkata.
Los vecinos del distrito 8 de El Alto recibieron la visita de Arce en Todos Santos; participó en la mesa armada por los familiares de los fallecidos el 19 de noviembre de 2019.
“Vamos a hacer una investigación y vamos a encontrar a los culpables intelectuales y materiales por esto. Ahora sí, vamos a hablar con las autoridades judiciales”, aseguró la autoridad, luego de tener una reunión en plena vía pública, con representantes de los 10 fallecidos, de los heridos y de los detenidos de esa fecha.
Los familiares le pidieron que haga justicia para todas las familias afectadas y se comprometieron a impulsar el juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH iniciaron, este lunes, la investigación de los hechos de violencia de octubre y noviembre de 2019, sobre la base de tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas.
Las indagaciones se realizan en el marco del protocolo suscrito entre el canciller Rogelio Mayta y los expertos independientes, enviados por la CIDH, para que se efectúen las pesquisas de la violencia registrada en 2019.
Un informe preliminar de la CIDH, de finales de 2019, sobre el conflicto postelectoral de Bolivia, señala que hubo masacre tanto en Sacaba como en Senkata, y que incluso se tiene indicios de ejecuciones extrajudiciales. En ese entonces, la CIDH registró al menos 36 muertos en ese conflicto.
El Deber