Ante la decisión de la jueza Claudia Castro de anular el proceso penal contra el expresidente Evo Morales; el exvicepresidente, Álvaro García Linera, y los exministros acusados de haber participado del fraude electoral de las fallidas elecciones de 2019, hay malestar en los principales frentes opositores por el actuar de la Justicia.
“Deploramos la decisión política de la jueza Castro, que refleja una vez más que los operadores del sistema judicial, no solo se mantienen a las órdenes del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que han perdido legitimidad y respeto por las leyes y por la noble profesión del derecho”, manifestaron desde Comunidad Ciudadana (CC).
Desde la agrupación política naranja consideran que esta determinación, promovida por el MAS y ejecutada por sus jueces, constituye una afrenta a la democracia y al pueblo boliviano y consideran que la determinación no puede cambiar la verdad histórica de los hechos, sustentada en informes técnicos de organismos internacionales, que demuestran que en las elecciones generales de 2019 se cometió fraude.
Desde CC insisten en la necesidad urgente de implementar una reforma judicial, separada del control político, “que ha convertido a un Órgano del Estado, en un mecanismo de corrupción, ineficiencia e inmoralidad, al servicio de intereses personales y partidarios”. Además, aducen que esta acción es parte de una estrategia del MAS para posicionar la idea de un falso golpe de Estado y así iniciar una persecución judicial contra los líderes políticos y sociales que no son afines al ‘instrumento político’.
El Deber