El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó este martes los resultados preliminares de auditorías realizadas a la gestión de su antecesor Arturo Murillo, en los cuales se identificó ocho procesos de adquisición con irregularidades, que van desde sobreprecio millonario, contrataciones direccionadas y anomalías administrativas.
El primer caso investigado fue el de los gases lacrimógenos. En el mismo se identificó un sobreprecio de 7,1, millones de bolivianos por la compra de agentes químicos, según afirmó Del Castillo.
La autoridad explicó que anteriormente se compraban los agentes químicos a una empresa en territorio nacional, que se encargaba incluso de temas logísticos como almacenamiento y transporte, pero en la gestión del gobierno transitorio se direccionó la adquisición de los gases con un intermediario que no se encargaba de esos aspectos.
Precisó que anteriormente se compraba los gases de largo alcance a 189 bolivianos, pero en la gestión transitoria se adquirieron 50 mil a 270 bolivianos, haciendo un sobreprecio de 4 millones. En el caso de gases de corto alcance, el precio era antes de 188 bolivianos, pero el Gobierno de Jeanine Añez pagó 250 bolivianos por 50 mil unidades, haciendo un excedente de 3,1 millones. Sumados los dos ítems, el sobreprecio en este caso es de 7,1 millones, señaló Del Castillo.
En el segundo caso, se investigó la compra de equipos de seguridad para el Comando Estratégico, en el cual se detectó también direccionamiento.
El Ministro de Gobierno dijo que en la gestión de Murillo se anuló un proceso de contratación y que, posteriormente, se realizó la contratación directa de tres empresas sin criterios de selección.
Afirmó que estas empresas se encargaron de proveer equipos como chalecos antibalas, cascos y escudos, pero ninguna tenía la autorización para comprar ese tipo de elementos.
A eso se sumó que, realizadas las pruebas, los chalecos antibalas no interrumpían los proyectiles, sino los dejaban pasar.
“Hemos resuelto el contrato, hemos dejado sin efecto el contrato y actualmente estamos ejecutando todas y cada una las boletas de garantía a estas tres empresas y estamos evitando un daño económico de más de tres millones de bolivianos”, destacó Del Castrillo.
En el tercer caso, se trata de la contratación de un Servidor y Microdata Center, el cual se hizo por 325 mil bolivianos. El Ministro señaló que en este proceso se direccionó la contratación porque la descripción se ajustaba a los requerimientos que sólo podía ofrecer una empresa.
Los casos cuatro y cinco se refieren a la contratación del servicio de alimentación para las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en el Trópico de Cochabamba y Los Yungas.
Para ambas se contrató a la empresa Gate Gourmet, por casi 26 millones de bolivianos para el Trópico y casi 19 millones para los Yungas. Sin embargo, la auditoría observó un direccionamiento de la contratación.
Del Castillo indicó que la gestión de Murillo contrató a Gate Gourmet, descartando a otra empresa porque esta segunda no tenía un certificado de Senasag, pero después se verificó que ese documento no era necesario para el servicio requerido.
Además mencionó que la empresa contratada fue denunciada por proporcionar alimento putrefacto a la FTC en el Trópico. Asimismo, tampoco presentó una documentación para regularizar su contrato.
Señaló que existen indicios de un posible incumplimiento de contrato y llama la atención que no se haya resuelto el contrato, pese a existir denuncia de la anterior gestión. “Por este motivo, vamos a verificar la aplicación de multas a la empresa, aún no hemos efectivizado los pagos de octubre, noviembre y diciembre”, agregó.
En el sexto caso, se habla de la adquisición de bolsas de dormir para la tropa, por 596.858 bolivianos.
Entre las irregularidades, el Ministro señaló que se adulteró la fecha de autorización del proceso de contratación, pero además hay inconsistencias en la secuencia cronológica de documentos, como por ejemplo que la fecha del contrato aparece previa a la boleta de garantía.
En el caso séptimo, se observó la adquisición de llantas para el parque automotor de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, cuyo precio fue de 849.998 bolivianos. En el mismo también se detectó inconsistencias de fechas en los documentos de la contratación.
En el caso octavo, se investiga la Adquisición de un “Firewall” para la Dirección General de Migración por 185 mil bolivianos. Según Del Castillo, en este proceso se contrató a una firma que no tenía vigente su certificado de IBNORCA.
El Ministro señaló que en estos casos se está esperando que concluya los procesos la autoridad sumariante, pero aclaró no son las únicas investigaciones que se están iniciando.
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