El ministro de Justicia, Iván Lima, propuso este lunes que el referendo constitucional para reformar la administración judicial en el país sea el 7 de marzo, de forma conjunta con las elecciones subnacionales.
La autoridad nacional, en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, confirmó que este jueves tendrá lugar la primera sesión del consejo preconstituyente, conformado por al menos 10 destacados profesionales, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que asesorarán la pertinencia o no del proceso.
“Los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo y estamos pasando por una época de restricciones económicas, tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta del mes de marzo, en las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir ese tema constitucional en esa papeleta”, afirmó el ministro.
Lima identificó los tres temas que deben ser considerados: garantizar que las autoridades judiciales sean electas de forma transparente, evaluadas permanentemente y reciban capacitación de excelencia; eliminar la burocracia y la deficiencia en la administración de causas; y suprimir el Consejo de la Magistratura, que se convirtió en una “planta burocrática”.
El ministro anticipó que entre el 3 y el 13 de diciembre en el Consejo se discutirán esos temas y elaborarán propuestas que deben ser consideradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) antes de su receso por fin de año.
“Necesitamos tomar medidas que generen la confianza y la seguridad que la carrera judicial se va a establecer, si el recurso humano funciona, si los jueces están seguros que su trabajo no tendrá interferencias, tenemos la certeza de que la justicia se transformará. Con independencia para servir al ciudadano”, recalcó.
Lima reiteró también sus críticas al “cuoteo” que existe al interior del Consejo de la Magistratura, conformado por tres integrantes que son sometidos a un juicio de responsabilidades, tras que se exigiera su renuncia por la crisis en el sistema penal y la demora en la designación de nuevos jueces.
El Deber