Para evitar toda desconfianza de los votantes, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), propuso en su informe final dado a conocer este jueves, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) disponga una auditoría preelectoral y otra de manera independiente, sobre los resultados de los comicios, para las contiendas electorales futuras.
“Teniendo en cuenta la desconfianza generada por las suspendidas elecciones de 2019 y los desafíos enfrentados en el proceso de 2020, es importante que se instale en el TSE una cultura de auditoría de riesgo previa a la elección, así como una auditoría independiente sobre los resultados. Estos mecanismos contribuirán a dar certeza a futuros procesos electorales”, señala el informe de la observación que realizó la misión en la etapa postelectoral del 18 de octubre.
En ese sentido, explica que en la etapa poselectoral, la Misión recibió denuncias respecto de la existencia de mesas en las que un solo partido habría obtenido por encima del 90% de los votos, llegando en algunos casos al 100%. “Este fenómeno no es nuevo en Bolivia y debe ser analizado de cara a futuros procesos electorales”, dice.
En sus conclusiones, la MOE reconoce que Bolivia tiene una autoridad electoral independiente y registró una contienda más equitativa, lo que dio como resultado una jornada electoral exitosa. Señala que la ciudadanía votó libremente y el resultado ha sido contundente.
“Esto le brinda un alto nivel de legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto. El trabajo técnico de la Organización ha estado y está centrado en la calidad de los procesos y no en los resultados”, expresan los observadores en el informe.
El documento de la Misión, de 333 páginas a incluye también, su informe final de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2020, que en sus conclusiones, expresa que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa”.
“Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, destaca.
Con el objeto de continuar contribuyendo al fortalecimiento del sistema electoral de Bolivia, la Misión presentó varias recomendaciones para ser consideradas en futuros procesos electorales.
Por ejemplo, al Órgano Electoral Plurinacional, le encarga continuar con la selección del personal que ocupará cargos vacantes con base en sus capacidades técnicas y teniendo en cuenta experiencia y área de especialización y pide continuar con las medidas y acciones para el saneamiento del padrón electoral.
Sobre el voto en el exterior, recomienda reforzar la difusión del padrón de personas inhabilitadas, y los plazos y mecanismos de solicitud de rehabilitación, para garantizar que son de pleno conocimiento de la ciudadanía boliviana residente en el exterior.
Luego de que el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), fuera suspendido horas antes de las elecciones, propone disponer un plazo razonable para el diseño y desarrollo del sistema; desarrollar y ejecutar un plan de simulacros con la anticipación adecuada, que permitan a la autoridad electoral identificar y corregir errores.
En cuanto a la regulación de estudios de opinión, la Misión de la OEA considera que las sanciones establecidas en la normativa son desproporcionadas y podrían generar un efecto inhibitorio, que termine afectando la libre circulación de información.
Ante eso, recomienda formalizar el criterio según el cual se debe evitar que, mediante un control previo, se impida la difusión de una encuesta o estudio de opinión; establecer que aquellos estudios de opinión que no cumplan con los requisitos de transparencia y rigurosidad técnica establecidos por el tribunal deban ser difundidos con una etiqueta que evidencie el incumplimiento.
En cuanto al acceso a la información pública, recomienda sancionar una ley, en línea con los estándares interamericanos, que obligue a los organismos públicos a brindar la información bajo su control, a hacerlo en tiempos razonables y, en caso que no proceda la entrega de lo solicitado, a fundamentar legalmente la negativa. La ley deberá, además, prever un procedimiento para impugnar el rechazo.
El Deber
