En los 20 primeros meses del retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la silla presidencial, al menos 35 funcionarios policiales fueron dados de baja de la institución verde olivo, acusados por el motín de 2019 y otras transgresiones que derivaron, entre otros hechos, en la renuncia del ahora expresidente Evo Morales, tras los conflictos poselectorales de ese año.
Sin embargo, hay otra veintena de uniformados que continúan siendo procesados por los hechos de octubre y noviembre de 2019, según el abogado Jorge Valda.
“Hasta la fecha hay más de 35 los efectivos policiales que han sido dados de baja, esto en una lógica de haber sido sometidos a procesos disciplinarios y también a procesos penales, entre los cuales se han determinado la separación de los funcionarios policiales, entre oficiales, suboficiales, sargentos y clases”, dijo Valda.
Añadió: “Por haber participado en el motín policial (de 2019), haber arrancado la wiphala del uniforme o haber supuestamente protagonizado proselitismo, esos han sido razones suficientes para que a partir de la ley 101 de régimen disciplinario de la policía sus faltas sean consideradas graves o muy graves”.
El último uniformado que recibió su baja definitiva es el mayor Edwin Silva, según la publicación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Facebook, el 12 de julio.
“Se informa al pueblo boliviano que el efectivo policial Edwin Silva García fue dado de baja definitivamente de la institución policial, confirmando la resolución emitida el 28 de marzo por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz de la Policía Boliviana. Éste es un paso más que damos para otorgar justicia al pueblo, después de los lamentables hechos acaecidos el año 2019”, publicó Del Castillo.
Bajas
Las primeras bajas se dieron contra el ahora excomandante de la Policía general Yuri Calderón, el excomandante de la Unidad de Tácticas Operativas Policiales (UTOP) Cochabamba Nelson Flores, el capitán Marcelo Gutiérre y el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas. A
demás, el teniente y boxeador Franklin “Matador” Mamani, acusado por su presunta participación en los sucesos en el barrio El Pedregal, en la ciudad de La Paz, donde una persona falleció a causa de un disparo por arma de fuego.
Asimismo, el teniente coronel Juan Rommel López Arenas, por haber participado en el motín policial ocurrido durante la crisis de 2019 y haber realizado manifestaciones al lado de Luis Fernando Camacho, “generando con esto una serie de acciones de desestabilización”, señala una nota informativa.
En la mayoría de los casos, los abogados defensores de los uniformados anunciaron que apelarán las determinaciones ante diferentes entidades como el Tribunal Superior Disciplinario de la Policía, incluso ante instancias internacionales.
No se respeta el debido proceso
Para el abogado defensor de los “perseguidos políticos”, Jorge Valda, no se está respetando el debido proceso en el caso de los uniformados acusados por el motín de 2019 y otras presuntas transgresiones.
“Ellos (los policías) ingresan a un proceso donde se les presume culpables y ellos tienen que demostrar su inocencia. Les han llenado de procesos administrativos en los cuales, en algunos casos, les han obligado a renunciar”, dijo Valda.
Asimismo, añadió que estos procesos son montados a tal punto que, en algunos casos, se tuvo que acudir a nuevas declaraciones que hicieron cambiar la tipificación de los presuntos delitos.
Fuente: Los Tiempos
