El proyecto de ley plantea desde la restricción de acceso a un cargo público hasta la imposibilidad de contraer matrimonio mientras no se pague de la deuda.
El Ejecutivo central promueve la aprobación de una norma que establece 10 restricciones para los que incumplan el pago de la asistencia familiar. El documento se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración.
En el proyecto presentado, se crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf). Además, éste busca constituirse en un mecanismo que garantice el derecho a la asistencia familiar frente a los casos de impago.
“Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia vamos a iniciar el proceso de seguimiento y monitoreo para instalar las mesas técnicas y los procesos de diálogo para que este anteproyecto pueda avanzar”, señaló la viceministra de Igualdad y Oportunidades, Nadia Cruz.
Las medidas
“Se va a generar una serie de restricciones cuando se constate que existen deudores o deudoras de la asistencia familiar. La primera será la restricción de acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o en el nivel de administración”, detalló.
Cruz señaló que se hará un cruce de información con diferentes instituciones para verificar las fuentes de ingreso del deudor o deudora.
Entre las sanciones, está la “suspensión de los trámites” en cuanto compra y venta de bienes inmuebles sujetos a registro.
Antecedentes
“En el caso de planes, programas y proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado, incluirá como un requisito más para la postulación el no tener un registro en calidad de deudor o deudora de una asistencia familiar”, manifestó Cruz.
Las entidades bancarias incorporarán en su evaluación crediticia la información en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) para la otorgación de créditos.
Los deudores no podrán salir del país. Se promoverá que el deudor no contraiga matrimonio hasta que pague todo lo que debe.
Más de 15 mil casos en juzgados
De acuerdo con información del Consejo de la Magistratura, al primer semestre de 2022, ingresó a los Juzgados Públicos de Familia 15.856 casos por asistencia familiar.
Sin embargo, pese a existir resoluciones judiciales de determinación de asistencia familiar, las personas obligadas no cumplen con la determinación en evidente perjuicio de las y los beneficiarios, generándose en una primera instancia violencia contra los que exigen el pago en su mayoría las mujeres, que son agredidas y hasta víctimas de feminicidio.
Fuente: Los Tiempos
