Es acusado por “delitos electorales” por la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental. El Ministerio Público pidió que sea enviado al penal de San Pedro en La Paz. La forma en la que fue aprehendido y conducido ante un juez desató críticas.
El exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari fue detenido fuera de horario en Potosí, se lo mantuvo incomunicado según la denuncia de su esposa y desaparecido por varias horas, trasladado a Llallagua para ser sometido a una audiencia cautelar en la que un juez dictó detención preventiva en la cárcel de Uncía, en Potosí por el lapso de seis meses, por presuntos “delitos electorales” cometidos en 2019.
La audiencia cautelar duró siete horas y el Ministerio Público demandó que el expresidente cívico de Potosí cumpla prisión preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, pero el juez lo envió a Uncía.
La Fiscalía señaló que él guio a una turba que tomó el edificio del Tribunal Electoral Departamental el 21 de octubre de 2019 por la noche y que la muchedumbre saqueó el edificio y lo incendió. Ese hecho llevó a la acusación de “delitos electorales”.
La acción de la justicia, la Fiscalía, la Policía y el Gobierno en contra del exlíder cívico generó el repudio de políticos y líderes de la oposición que han criticado la forma en que se ha procedido, calificaron el accionar como una vulneración a sus derechos humanos y lo declararon víctima de “tortura”, como afirmó la senadora Centa Rek.
El Ministerio de Justicia respondió que la asambleísta opositora “miente al denunciar sin pruebas que Pumari sufrió ‘tortura’”. El exdirigente de Comcipo fue atendido por médicos que certificaron su buen estado salud. No fue incomunicado y fue asistido por abogados de defensa pública”.
Sin embargo, la esposa de Pumari señaló que no lo pudo ver y desconocía su paradero. Cuando se conoció que la audiencia iba a ser en Llallagua pidió que se realice en un lugar más imparcial, porque temía por la seguridad de su cónyuge.
Pumari fue interceptado la noche del jueves en medio de una acción en la que intervinieron centenares de policías, y que se realizó fuera de horario. Lo obligaron a descender de su vehículo. La acción fue tan intempestiva que incluso dejó las llaves del motorizado en el contacto.
El analista Williams Bascopé comentó que “no puede la Policía ejecutar órdenes de aprehensión y allanamiento por la noche, el procedimiento penal no lo permite; además se declaró vacación judicial por lo cual no se puede librar ni ejecutar ninguna orden de aprehensión. Las detenciones a Marco Pumari y cívicos es ilegal”.
El Ministerio de Justicia, señaló que Bascopé “miente y desconoce la Ley. Nunca se allanó la casa de Pumari. Fue aprehendido a las 22:00 en la Avenida Murillo de Potosí. Vacación judicial no es vacación del delito”.
Ante el inusitado operativo policial, la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia se pronunciaron por separado y denunciaron amenazas que reciben los periodistas en Potosí, y alertaron que no permitirán que sean víctimas de persecución, denuncias e incluso procesos y encarcelamiento.
El viernes Pumari amaneció en Betanzos, allí dio una breve declaración a un medio de comunicación. No se supo más de él hasta el sábado por la mañana, cuando se informó que “por seguridad” la audiencia cautelar se iba a realizar en el centro minero de Llallagua.
Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, pidió la intervención de organismos internacionales para frenar los excesos del Gobierno.
El Bloque de Unidad, conformado por CC, Creemos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Conade y plataformas del 21-F emitió un comunicado en el que señala: “El despliegue inaudito de centenares de uniformados en la ciudad de Potosí para realizar arrestos arbitrarios e ilegales, utilizando unidades policiales de cuestionable procedencia, acompañados de violencia física, sevicias y malos tratos, incluso contra sus familiares; las detenciones arbitrarias de personas que no han tenido la oportunidad de declarar previamente ante el fiscal para hacer valer su estado de inocencia, el traslado de los detenidos ilegalmente a lugares distintos a los de sus domicilios para apartarlos de su ambiente familiar y social como un castigo anticipado constituyen prácticas típicas de una dictadura y no de un gobierno democrático que esté apegado al Estado de Derecho”.
Por ello, expresó su solidaridad con Marco Pumari Arriaga, Juan Carlos Manuel Huallpa, Marco Subia y sus familias, y se comprometieron a realizar todas las acciones constitucionales y legales, de hecho y de derecho, para que recuperen su libertad “.
Además, se declararon en estado de emergencia, “apoyaremos la convocatoria y medidas que disponga la dirigencia cívica de Potosí y del país, en apoyo a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos”, señala el comunicado.
Fuente: El Deber
