Diego García-Sayán cumplió ayer su primer día de visita en Bolivia. Por la mañana se reunió con el vicepresidente y dos ministros. Por la tarde, con abogados independientes. Anunció que adelantará la entrega del informe para este año.
Hay total hermetismo en la visita que inició ayer el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Sin embargo, la crisis de la justicia es tan profunda que reveló al grupo de abogados independientes con los que se reunió ayer por la tarde que el informe de su visita no se entregará en 2023, como estaba programado en principio, sino que tomará solo cuatro meses, y se conocerá en junio de ese año.
Otra novedad confirmada para hoy es que el relator García-Sayán, que es un abogado de nacionalidad peruana, visitará esta tarde a la expresidente Jeanine Áñez en la cárcel de Miraflores.
Este martes la agenda del visitante estuvo reservada para el Gobierno. Sostuvo reuniones con el canciller Rogelio Mayta, luego con el vicepresidente David Choquehuanca y, posteriormente, con el ministro de Justicia, Iván Lima, y su equipo de viceministros.
Comenzó la tarde con una reunión de dos horas con el equipo de abogados expertos. Tras la reunión, el exalcalde y abogado Juan del Granado reveló: “Algo importante que nos ha aclarado el relator es que su informe no es para el próximo año, es para junio de este año, para junio de 2022, y por eso hemos expresado nuestro optimismo de que una misión imparcial vaya a contribuir a los esfuerzos nacionales como el de los juristas independientes, para llevar adelante una reforma judicial estructural al más breve plazo posible”, detalló el exjefe de Movimiento Sin Miedo y abogado, Juan del Granado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, en una declaración a este medio, señaló que el informe final de la visita iba a entregarse a mediados del próximo año. Del Granado mencionó esta señal, que podría mostrar su preocupación por la situación de la justicia.
El grupo de juristas presentó una radiografía sobre la intromisión política gubernamental en la administración judicial del país, desde 2006 hasta la actualidad.
En septiembre de 2021, este grupo planteó una propuesta de reforma judicial. Ayer, los abogados presentaron documentos que corrobora la injerencia política gubernamental en la justicia boliviana, de manera reiterada, recurrente y determinante en un rango de 15 años con consecuencias negativas, en términos de menoscabo a la transparencia, imparcialidad e independencia del sistema, explicó Del Granado.
Entre esos casos de relevancia, mencionaron la persecución a José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, encarcelado en la gestión de Evo Morales. “La persecución y enjuiciamiento a políticos opositores: Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Ernesto Suárez, Roger Pinto, Rubén Costas, Juan del Granado, Luis Revilla, Leopoldo Fernández y Samuel Doria Medina, entre otros; la detención preventiva y enjuiciamiento de la expresidenta Jeanine Añez, el enjuiciamiento del magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, la persecución en el caso ‘Chaparina’ y el caso ‘Hotel Las Américas’”, detalló.
Su propuesta pasa por una reforma de la Constitución. Otro de los portavoces de este grupo académico fue el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, quien mencionó que no se puede prescindir de los actores políticos. Recordó que el gobierno de Luis Arce, a través de Iván Lima, tomó la iniciativa al comenzar su gestión, de encarar una reforma constitucional para lo que conformó un consejo consultivo que “lamentablemente se desmoronó porque no hubo voluntad política. Desautorizaron al ministro y el Gobierno le bajó el dedo”.
Esa reforma debe basarse en tres ejes. “Garantizar la selección de jueces independientes e imparciales con la eliminación de elección por voto. Garantizar una asignación presupuestaria digna al Órgano Judicial, pero con una administración transparente, y garantizar el acceso igualitario de todos los bolivianos, revalorizando la justicia indígena originaria campesina”, detalló Rivera.
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Hay total hermetismo en la visita que inició ayer el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Sin embargo, la crisis de la justicia es tan profunda que reveló al grupo de abogados independientes con los que se reunió ayer por la tarde que el informe de su visita no se entregará en 2023, como estaba programado en principio, sino que tomará solo cuatro meses, y se conocerá en junio de ese año.
Otra novedad confirmada para hoy es que el relator García-Sayán, que es un abogado de nacionalidad peruana, visitará esta tarde a la expresidente Jeanine Áñez en la cárcel de Miraflores.
Este martes la agenda del visitante estuvo reservada para el Gobierno. Sostuvo reuniones con el canciller Rogelio Mayta, luego con el vicepresidente David Choquehuanca y, posteriormente, con el ministro de Justicia, Iván Lima, y su equipo de viceministros.
Comenzó la tarde con una reunión de dos horas con el equipo de abogados expertos. Tras la reunión, el exalcalde y abogado Juan del Granado reveló: “Algo importante que nos ha aclarado el relator es que su informe no es para el próximo año, es para junio de este año, para junio de 2022, y por eso hemos expresado nuestro optimismo de que una misión imparcial vaya a contribuir a los esfuerzos nacionales como el de los juristas independientes, para llevar adelante una reforma judicial estructural al más breve plazo posible”, detalló el exjefe de Movimiento Sin Miedo y abogado, Juan del Granado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, en una declaración a este medio, señaló que el informe final de la visita iba a entregarse a mediados del próximo año. Del Granado mencionó esta señal, que podría mostrar su preocupación por la situación de la justicia.
El grupo de juristas presentó una radiografía sobre la intromisión política gubernamental en la administración judicial del país, desde 2006 hasta la actualidad.
En septiembre de 2021, este grupo planteó una propuesta de reforma judicial. Ayer, los abogados presentaron documentos que corrobora la injerencia política gubernamental en la justicia boliviana, de manera reiterada, recurrente y determinante en un rango de 15 años con consecuencias negativas, en términos de menoscabo a la transparencia, imparcialidad e independencia del sistema, explicó Del Granado.
Entre esos casos de relevancia, mencionaron la persecución a José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, encarcelado en la gestión de Evo Morales. “La persecución y enjuiciamiento a políticos opositores: Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Ernesto Suárez, Roger Pinto, Rubén Costas, Juan del Granado, Luis Revilla, Leopoldo Fernández y Samuel Doria Medina, entre otros; la detención preventiva y enjuiciamiento de la expresidenta Jeanine Añez, el enjuiciamiento del magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, la persecución en el caso ‘Chaparina’ y el caso ‘Hotel Las Américas’”, detalló.
Su propuesta pasa por una reforma de la Constitución. Otro de los portavoces de este grupo académico fue el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, quien mencionó que no se puede prescindir de los actores políticos. Recordó que el gobierno de Luis Arce, a través de Iván Lima, tomó la iniciativa al comenzar su gestión, de encarar una reforma constitucional para lo que conformó un consejo consultivo que “lamentablemente se desmoronó porque no hubo voluntad política. Desautorizaron al ministro y el Gobierno le bajó el dedo”.
Esa reforma debe basarse en tres ejes. “Garantizar la selección de jueces independientes e imparciales con la eliminación de elección por voto. Garantizar una asignación presupuestaria digna al Órgano Judicial, pero con una administración transparente, y garantizar el acceso igualitario de todos los bolivianos, revalorizando la justicia indígena originaria campesina”, detalló Rivera.
La plataforma por el acceso a la justicia y los derechos humanos, un conglomerado de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, también se reunió con García-Sayán. “El sistema de justicia en Bolivia tocó fondo y estamos en un punto crítico. Pedimos que se trabaje en el tema de independencia, eso no puede esperar más”, explicó el abogado Marco Loaiza.
El presupuesto del sistema de justicia no llega ni al 1% del Presupuesto General del Estado. “Debemos seguir la carrera judicial, menos del 60% de jueces y fiscales están institucionalizados. Entregamos todos estos datos al relator”.
Coincidencia
García-Sayán utilizó ayer el edificio de Naciones Unidas, ubicado en la calle 14 de Calacoto, para sus reuniones con los abogados, además de la plataforma vinculada a la justicia, al Conade y otras agrupaciones de la sociedad civil.
Esas oficinas son históricas, porque en ellas, en 2019, el representante francés enviado por el secretario general de la ONU, Jean Arnauldt, junto con el monseñor Eugenio Scarpellini, el exembajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, encabezaron el proceso de negociación que llevó a la pacificación del país tras la renuncia y salida de Bolivia del expresidente Evo Morales.
En ese mismo salón se sostuvieron largas negociaciones, primero con exministros de Evo Morales, como Carlos Romero, Héctor Arce y Javier Zavaleta, quienes eran trasladados desde la embajada de México a esa sede para las reuniones. Luego con la exsenadora Eva Copa, quien asumió la presidencia del Senado, y Sergio Choque, de Diputados, entre otros.
En esta jornada, la expresidenta Jeanine Áñez recibirá la visita de García-Sayán.
Opositores pidieron que el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU vea la podredumbre en la que está sumida la justicia boliviana y emita un pronunciamiento contundente.
Mediante sus cuentas en redes sociales, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, así como el ex secretario general de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina reaccionaron ante el inicio de la visita oficial del representante internacional.
“La llegada del Relator de la NNUU Diego García-Sayán es otra oportunidad para evidenciar la crisis terminal del sistema judicial en Bolivia, verificada en otros informes internacionales, y para constatar la manipulación del MAS que se opone a reformas estructurales en la justicia”, posteó Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana.
Tuto solicitó, también, que el delegado emita criterios sobre el caso que involucra a la expresidenta. “Casi toda #Bolivia, @hrw y @CIDH denunciaron que poder judicial es una guillotina azul. @UNIndepJudges debe verificar lo podrida que está la justicia, recomendar reformas y pronunciarse sobre emblemático caso de @JeanineAnez. Ojalá que @GarciaSayan no defraude expectativas”, sostuvo.
Finalmente, Doria Medina anticipó que el enviado extranjero “quedará abrumado por el espectáculo de la degeneración de la justicia boliviana”. Se mostró pesimista, aunque reconoció que “su opinión es importante”, a la par de considerar que “los bolivianos debemos ponernos de acuerdo para detener esta carrera al vacío”.
Esta mañana, el relator sostendrá reuniones con los presidentes de las cámaras de Diputados, Freddy Mamani, y de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Mientras tanto, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se reunirá el viernes de manera virtual con el Relator. “En esa reunión entregará un informe sobre la dramática situación de la justicia y la de sus operadores en Bolivia. Tal como están las cosas en nuestro país, creemos que el Relator Diego García-Sayán podrá comprobar que aquí no hay independencia de poderes, que el masismo ha colocado en el Ministerio Público los operadores de su partido y que no se respeta el Estado de derecho y el debido proceso”, afirmó Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación ante los medios.
Fuente: El Deber
