Se trata de la normativa que dio vida a la “estrategia” contra la legitimación de ganancias ilícitas que está vigente desde agosto. Cooperativistas, mineros, gremialistas y transportistas esperan la abrogación de esa ley y establecen plazo.
Cuando el Gobierno retiró el proyecto de ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas varios sectores sociales, muchos de ellos afines al MAS, ya habían pedido la abrogación de la normativa 1386 que dio vida a la “estrategia” para enfrentar el lavado de activos. Estos sectores, la mayoría vinculada con la economía informal, están en alerta y piden más señales del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asegura que la decisión de retirar la norma fue “conjunta y coordinada con el Ejecutivo”. Descartó imposiciones y afirmó que esta semana se formalizará la decisión del mandatario Luis Arce en una sesión de la cámara que preside. Consideró que no debería existir tensiones en el país.
Pero, sectores productivos y artesanales comenzaron a coordinar durante este fin de semana las acciones que cumplirán a partir del jueves para presionar al Gobierno del presidente Luis Arce y se escuche la demanda del pueblo. “No sólo era el proyecto, estamos preocupados por la ‘ley madre’, la ley 1386 que el Legislativo sancionó sin hacer ningún tipo de socialización”, señaló el secretario de los Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.
“Eso se tiene que derogar porque ahí está toda su estrategia. Entonces, las cosas no han cambiado y vamos a tomar medidas”, afirmó el dirigente, quien aseguró que varios sectores vinculados con el sector, como panaderos, carniceros y comerciantes cuentapropistas decidieron mantener el estado de emergencia en todo el país a pesar de la señal que dio el Ejecutivo cuando decidió retirar el polémico proyecto 218 del Senado. A partir de este lunes hay un plazo de 72 horas, o tres días, “para que el Gobierno vuelva a escuchar al pueblo y retire esa ley”.
Braulio Arguedas, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), también conversó con EL DEBER. Informó que su sector hizo un análisis exhaustivo de la normativa que fue retirada por el Ejecutivo, pero también cuestionó a la llamada “ley madre” que está vigente desde el mes de agosto.
“A raíz de esta norma salió el proyecto 218 que se estaba discutiendo en la Cámara de Senadores. Era una norma contraria a los intereses del pueblo, pero sigue la otra que puede dar lugar a decretos supremos, resoluciones supremas para aplicar todo lo que habían estado pensando hacer con el proyecto anulado”, puntualizó Arguedas, quien anticipó que “el criterio mayoritario” pasa por pedir que se abrogue toda la “estrategia”. El dirigente indicó que el movimiento cooperativo boliviano, que aglutina a sectores estratégicos de la economía del país, asumirá una decisión este jueves 21, el mismo día que expire el plazo otorgado por los gremiales para la anulación de todo el cuerpo normativo.
El presidente Luis Arce consideró que cívicos y políticos de la oposición “se escudaron” en el proyecto de ley 218 para “buscar la impunidad de sus actos” respecto a la crisis política de 2019, cuando fallecieron 37 personas, 17 de ellas durante los últimos días del mandato de Evo Morales. “Decidimos retirar nuestro proyecto porque que iba a generar convulsión. (La oposición) estaban detrás, empujando todas las movilizaciones”, declaró el mandatario el viernes en un acto realizado en Tarija.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno buscará consenso en todos los ámbitos posibles, esta vez respecto a la estrategia. “Vamos a informar al país sobre cualquier ley, y la vamos a socializar”, apostilló Lima.
La autoridad señaló que la ley 1386, que ahora es cuestionada por varios sectores sociales y productivos del país, no puede ser llamada “ley madre”, porque se trata de una iniciativa legal distinta a la que fue retirada del Legislativo, pero por una decisión del presidente Luis Arce. “Si tenemos que retirar la estrategia porque la sociedad nos lo pida, no es una opción absolutamente cerrada. Esa es una opción que tiene que dialogarse y conversarse, pero nuestra posición es que la ley 1386 no tiene que ver con el proyecto 218, pues esa normativa únicamente nos permite trabajar con transparencia y de cara al pueblo para mostrarle cómo vamos a aplicar las recomendaciones de la GAFI (el Grupo de Acción Financiera Internacional)”, señaló la autoridad respecto al nuevo escenario de tensión que se plantea por efecto de estas normativas.
Lima dijo que especialistas de la GAFI llegarán el 8 de noviembre al país para evaluar el cumplimiento de 40 recomendaciones para frenar al crimen organizado transnacional. Explicó que la normativa retirada del Legislativo tenía que ver sólo con una de ellas, pero que estaba precisamente relacionada con los ajustes al Código Penal para sancionar el lavado de activos.
“La ley era para hacer más eficiente la persecución contra el crimen organizado”, afirmó Lima y aseguró que el Gobierno tiene otros instrumentos legales para prevenir y sancionar el lavado de activos. Anticipó, como ejemplo, que la Cancillería debe hacer un esfuerzo mayor para firmar acuerdos para extraditar a personas reclamadas en otras naciones y señaló que el Órgano judicial debe agilizar sus sentencias para que “las sanciones lleguen a la cabeza de las organizaciones criminales”.
Pero a las organizaciones sociales que preparan movilizaciones para la próxima semana también les preocupa el anexo de la Ley 1386. El sector informal que lidera Figuera señaló que se hizo un análisis detallado de esta normativa vigente desde agosto.
“Es necesario tener en cuenta que el mayor control del sistema formal a través de la implementación de políticas públicas contra la LGI/FT (legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo) sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, señala el punto 9 del anexo de la Ley 1386, “Problemática de la Informalidad y Estrategia de Inclusión Financiera”, que forma parte de la estrategia.
“Es muy lamentable que el Gobierno nos quiera someter a esta ley. Por eso, vamos a defender nuestra libertad, reclamó la secretaria ejecutiva de la Federación de Gremiales de La Paz, Celia Huanca. La dirigente espera que el Gobierno explique el alcance de la “estrategia”, una ley de siete artículos y un anexo de 50 páginas que ya está vigente desde el pasado mes de agosto.
Lima aseguró que no existe la posibilidad que el Gobierno apruebe decretos o leyes por encima de una ley, aunque reconoció que la “estrategia” señala que en el plazo de 90 días, a contar de agosto, se debería contar con reglamento aduanero. La autoridad remarcó que se trata de una regulación de carácter internacional.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que la administración de Luis Arce se anotó un punto a favor con el retiro del proyecto de ley 218. “Nos sentimos triunfadores al haber retirado este proyecto normativo, porque hemos evitado que grupos armados que querían conflicto se hayan desarticulado, ya no tienen razón alguna para generar movilizaciones”, afirmó luego de señalar que el paro cívico del 11 de octubre fue “un fracaso” en comparación a la movilización que, un día después, salió en defensa de la wiphala en todo el país.
El jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, informó que su partido solicitó formalmente la abrogación de la ley 1386. “No se apoderen de nuestras marchas y de nuestras peticiones al gobierno”, reclamó a los opositores Eloy Sirpa, dirigente de los cooperativistas mineros auríferos del departamento de La Paz.
Fuente: El Deber
