El Tribunal Supremo Electoral (TSE) planifica desde julio la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. La Carta Magna establece seis años de mandato para los magistrados, es decir, el proceso debe realizarse en 2023 aunque todavía no hay fecha precisa. Mientras tanto, la propuesta para reformar la Constitución y, en consecuencia, la forma de selección de magistrados avanza contra el reloj, según expertos.
“Estamos en planificación. Aún no hay fecha. Tampoco podemos (definir). Nos van a pasar eso del Parlamento”, aseguró la vicepresidenta del TSE, Nancy Gutiérrez, en un corto contacto telefónico con EL DEBER.
Asimismo, el vocal Francisco Vargas informó que desde julio se empezó a planificar el proceso electoral y hasta septiembre se prevé enviar el presupuesto al Ministerio de Economía, el cual incluirá costos para la difusión de méritos de los postulantes.
Por su lado, la Asamblea Legislativa no discute el asunto porque está enfocada en salir del estancamiento de la designación del Defensor del Pueblo y del Contralor General del Estado. Ambas selecciones tienen observaciones de la oposición, pese a que inicialmente hubo intenciones de consenso que luego se desvanecieron.
Desde Comunicada Ciudadana (CC) se presentó un proyecto de ley al reglamento de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
“El reglamento será útil si se cambia la forma de elección, a través de la reforma parcial de la Constitución, y también si vamos a una elección, que es probablemente lo más real. A quedarnos con un reglamento que en ningún momento garantiza la meritocracia y solo permite el cumple/ no cumple. Queremos evitar que los posibles magistrados, a ser electos en 2023, sean elegidos a dedo”, explicó, a este medio, la senadora opositora Silvia Salame.
La exmagistrada destacó que las universidades acompañarán todo el proceso de selección. También se incluirá la calificación numérica para garantizar la meritocracia y la inclusión de la fase de impugnaciones.
Enfatizó que este reglamento busca ser una medida “paliativa y momentánea” para mejorar la calidad de preselección de los ciudadanos aspirantes a esos cargos.
La planificación de la elección de magistrados y la propuesta para resolver temporalmente las deficiencias meritocráticas en la preselección surgen en medio de tres “fracasos” del Gobierno en la reforma del sistema judicial.
En 2021, se había dispuesto resolver la crisis de la justicia como prioridad nacional. Sin embargo, se ensayaron tres reformas que no prosperaron. Por ejemplo, la tan anunciada Cumbre de Justicia se redujo a conversatorios en la Vicepresidencia del Estado que concluirán con una memoria del evento y no con resoluciones que puedan aplicarse. Para el jurista y exalcalde Juan Del Granado, estos intentos refuerzan la idea de que los gobernantes intentan mantener “cooptada” la administración de la justicia.
“El nivel central intentó dar curso a los cambios constitucionales para encarar la reforma judicial, pero esta oferta se descartó. Luego se planteó la reforma de leyes y, finalmente, un cambio de carácter administrativo, todos necesarios, pero sin tratar los temas de fondo”, cuestionó Del Granado.
La crisis de la justicia se discutió desde 2020, durante la carrera electoral, al menos cuatro partidos sin el MAS habían propuesto cambiar la forma de elección de jueces tras dos elecciones fallidas en 2011 y 2017 donde primó los votos blancos y nulos, además del ausentismo.
En ese entonces, el partido oficialista mantuvo la idea de que la elección de jueces debía ser por voto y no se vieron intenciones de cambiar ese camino que requiere una modificación parcial a la Constitución, tampoco hay luces, aunque el Gobierno admitió que este proceso no dio resultados.
“El proceso boliviano no garantiza la independencia de los jueces. Es un proceso que, definitivamente, debe ser cambiado, que no es constitucional y que no ha dado buenos resultado al país”, lamentó el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en febrero.
Referéndum
Ante un panorama inhóspito y de “falta de voluntad política para consensuar”, como los expertos han evaluado, surge como alternativa cambiar la forma de elección de jueces, a través de un referéndum que permita modificar de forma parcial la Constitución, que debe realizarse antes de los comicios en 2023.
Aunque la propuesta de los 10 juristas independiente está siendo analizada por el Órgano Electoral, los especialistas creen que el tiempo no está a favor y hasta se advierten trabas.
“El problema es que se debió trabajar desde hace dos años, pero ahora no. Primero, hay que hacer un referéndum para que se modifique la Constitución y estamos luchando contra el tiempo. La única posibilidad de hacer una reforma sería que el Gobierno asuma esa decisión y se logre un acuerdo político para modificar la forma de elección de magistrados”, sostuvo Salame.
Para el presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, Arturo Yáñez, la iniciativa está “contra el tiempo” y alertó que la estrategia será “demorar” el tratamiento de esta propuesta. “Sospecho que la estrategia será darle largas en esas instancias, harán observaciones y darán mil vueltas de forma tal que para las siguientes elecciones judiciales en 2023 ya los tiempos no alcanzarán”, sostuvo.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé considera que “no importa tanto” quién elige a las autoridades judicial, sino cómo se desempeñan y para ello se debería establecer un control.
“(A los magistrados) deberían elegirlos uno de los órganos de poder con un sistema que preseleccione una lista de ciudadano idóneos y puede derivarse a un mecanismo no corporativo. No considero pertinente que se siga atribuyendo a la ciudadanía elegir a un personal que debe ser valorado con rigor técnico”, sostuvo.
El abogado José Antonio Rivera, al igual que el expresidente, considera que se debe abrir un diálogo y construir un consenso nacional para transformar la justicia. Desde su criterio, esta transformación puede hacerse en un plazo de seis meses a un año y sobre la base de investigaciones “verdaderas”.
Fuente: El Deber
