Tras el anuncio del Ministerio de Gobierno de expropiar o intervenir el hospital Udabol, los representantes de esta institución rechazaron la medida por considerar que “solo genera inseguridad jurídica” y que es propia de “regímenes de facto”.
En un comunicado oficial, las autoridades de la Udabol admiten que el hospital todavía no está en funcionamiento, porque está en fase de implementación y equipamiento.
Argumentaron que parte de sus equipos «han sido prestados a la Gobernación y al Municipio a título gratuito a fin de cooperar en la lucha contra la pandemia».
También explicaron con detalle cada una de las normas que el Gobierno estaría vulnerando con esta medida, empezando por la Constitución Política del Estado.
Finalmente, se declararon en «emergencia en defensa de la educación, y si es necesario iniciaremos las movilizaciones y huelgas de hambre»
“Solicitamos al Gobierno Nacional, reconsidere su posición y nos brinde seguridad jurídica para continuar con la inversión y puesta en marcha del hospital para salvar vidas», señala el comunicado que se detalla a continuación.
COMUNICADO DE PRENSA
En atención a la noticia difundida por el Sr. Ministro de Gobierno el HOSPITAL UNIVERSITARIO MARTIN DOCKWEILER, ponemos en conocimiento de la opinión pública nuestra posición institucional:
- El Hospital Universitario Martin Dockweiler, aún no está en funcionamiento, el mismo se encuentra en plena fase de implementación y equipamiento. Por ende no se justifica una expropiación o intervención porque aún no está en condiciones de brindar atención a la ciudadanía, y una intervención como lo pretende el Gobierno, solo genera inseguridad jurídica que perjudica e impide la puesta en funcionamiento del hospital, causando un enorme daño a la población dado que trunca el poder brindar los servicios de manera privada y tampoco el estado podrá concluir en un corto plazo todos los trabajos necesarios y equipamiento que están ligados a convenios de inversión con instituciones internacionales que no pueden ser subrogados a otras entidades por sus fines educativos y de investigación, lo que ha de generar un enorme daño al Estado, dado que el estado deberá pagar estos daños que no se limitan a la infraestructura o equipamiento existente que por la calidad de los materiales, robótica, realidad aumentada, inteligencia artificial supera enormemente el precio medio de mercado.
- La conferencia de prensa precipitada genera Responsabilidad Ejecutiva, civil y penal que ha de afectar a la presidenta, porque esta declaración no se ajusta al procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado, el art. 57 requiere una LEY previa que califique la utilidad y necesidad publica y el pago previo para viabilizar una expropiación.
La declaración del Ministro vulnera de manera flagrante nuestro derecho fundamental previsto en el art. 56 de la C.P.E., porque no existe en el ordenamiento jurídico la figura de intervención que se halla reservada para los regímenes de facto, ajenos al sistema de gobierno democrático inadmisible en un Estado Constitucional Social de Derecho.
Según la misma declaración del Sr. Ministro la finalidad es cubrir la deficiente cobertura de la Caja Nacional para salvar la emergencia, en ese entendido al no estar concluido y en funcionamiento el Hospital que se ve paralizado por esta noticia, no se cumple con la finalidad y utilidad que impide lograr los resultados pretendidos generando a su vez un daño económico al estado por el pago de un bien que no podrá servir para los fines pretendidos por las autoridades, ajenas a nuestra voluntad incurriendo en la responsabilidad ejecutiva y civil prevista en el art. 30 y 31 de la ley Safco.
Asimismo le recordamos al Ministro que las entidades públicas están prohibidas de comprar bienes muebles usados según lo dispuesto por la disposición adicional quinta del D.S. 181, porque el hospital no solo es infraestructura, sino principalmente equipos y nuestros equipos han sido prestados a la Gobernación y al Municipio a titulo gratuito a fin de cooperar en la lucha contra la pandemia, y no estamos en condiciones de brindar garantías porque no somos los fabricantes de dichos equipos, elementos que solo agravarán sus responsabilidades.
- Un hospital no se reduce a la infraestructura, requiere de una logística compleja para el funcionamiento que impiden ejecutar una expropiación y solo causan un grave daño por la inseguridad jurídica que genera. Para conocimiento del Ministro le informamos que el hospital a la fecha no cuenta con energía eléctrica, la empresa proveedora de los generadores, celdas y transformadores de electricidad ha incumplido con los plazos debido a la pandemia y cierre de fronteras en el mundo. Como? pretende expropiar por emergencia para la atención de la pandemia un hospital que no cuenta con energía eléctrica, y esta sola declaración del ministro ha paralizado toda la inversión de nuestros socios internacionales, generando un grave daño al cronograma de ejecución que, aun se retracte en el día, nos impedirá poner en funcionamiento el hospital para salvar vidas en los plazos inicialmente previstos. Lamentablemente la declaración del Sr. Ministro de Gobierno ha dañado la salud y la vida de miles de bolivianos que no podrán ser atendidos en nuestro Hospital.
- Asimismo incurre en responsabilidades penales, adecuando su conducta a lo previsto por los arts. 221 contratos lesivos al estado, 224 conducta antieconómica del Cód. Penal, porque pretende expropiar generando para el estado la obligación de pago de un hospital que no está en funcionamiento, pese a la actual sanción de la ley por parte de la Asamblea Legislativa que obliga a las entidades privadas a realizar la atención a los pacientes remitidos de los hospitales públicos, sin necesidad de generar ese gasto por pago del justi precio por expropiación que bien podría ser utilizado en la compra de insumos de bioseguridad, respiradores, ítems etc.
- Según lo refleja la prensa nacional, existen 22 hospitales PUBLICOS concluidos que no entran en funcionamiento por falta de equipamiento e ítems, en lugar de generar un enorme gasto al estado con la expropiación de un Hospital Privado que aún no está concluido y cuya conclusión será truncada, deben equipar y poner en funcionamiento la infraestructura propia con la que cuenta el estado. No es admisible la pretensión de expropiación porque no existe necesidad de esta medida al existir infraestructura propia del estado que esta sin utilizar. Es más, a la fecha ni siquiera el Hospital de Montero funciona a toda su capacidad, habiéndose limitado a la recepción parcial del mismo.
- El Hospital Universitario tiene como fin el democratizar el acceso a la Salud Publica, y ha de brindar servicios con los más altos estándares internacionales, con precios accesibles, con una dirección de trabajo social para el apoyo a las personas de escasos recursos, planes de seguro accesibles, convenios con todas las institucionales sean la Caja Nacional de Salud, la Gobernación o Gobierno Autónomo Municipal que posibiliten el acceso a todos los ciudadanos, sin necesidad de que el Estado tenga la necesidad de pagar una indemnización millonaria por un acto precipitado que no ha considerado los efectos y alcances de su decisión.
- Estamos conscientes de los efectos y avance de la Pandemia, y por ese motivo en plena cuarentena hemos trabajado de manera ininterrumpida con los obreros y técnicos para la conclusión y puesta en marcha del Hospital para apoyar en la lucha contra el COVID-19, sin embargo estas declaraciones truncan este avance y causan un grave daño a la población que no tendrá a su disposición un Hospital nuevo, de 3er nivel con tecnología de punta en los plazos planeados, por la inseguridad jurídica que genera.
- El sr. Ministro de Gobierno vulnera la ley LOPE que limita su competencia a las políticas de seguridad pública del Estado usurpando funciones del Ministerio de Salud y Trabajo, dispone de los recursos de una entidad que pertenece de los trabajadores como es la Caja Nacional de Salud que no es de propiedad del Gobierno Nacional, entidad sobre la cual el Ministro de Gobierno no tiene ningún tipo de tuición.
- Los hospitales Universitarios no están diseñados para la atención exclusiva del COVID-19, tienen un enfoque principal en investigación para la formación de los estudiantes en el área de medicina, y con esta declaración está mutilando dos universidades que han realizado las mayores inversiones en el área de salud para cumplir con los requisitos del RGUP D.S. 1433, sin considerar el daño causado que afecta no solo a una entidad privada sino a la educación, a más de 30.000 alumnos que deben realizar sus prácticas hospitalarias e internados. Por este motivo nos declaramos en emergencia en defensa de la educación, y si es necesario iniciaremos las movilizaciones y huelgas de hambre.
Solicitamos al Gobierno Nacional, reconsidere su posición y nos brinde seguridad jurídica para continuar con la inversión y puesta en marcha del Hospital para salvar vidas.
Udabol.
