Conformaron una asociación y apelan al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia; solicitan ser incluidos en la ley de reparación a las víctimas.
Los 37 vocales que fueron aprehendidos en el caso fraude electoral se declararon víctimas de los hechos luctuosos de 2019 y piden ser tomados en cuenta en la ley de reparación integral que debe promulgar el Gobierno. Mediante la Asociación de Exvocales Presos, acudieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh).
“Como asociación estamos apelando a la Oacnudh como última instancia, ya que no tenemos repuesta a nuestro pliego petitorios enviado al Presidente, al Vicepresidente y al Ministerio de Justicia”, indicó la exvocal electoral de Chuquisaca Cira Torres.
Tras el corte del sistema de conteo preliminar TREP durante las elecciones del 20 de octubre de 2019 (20-O) y la emisión del informe de la OEA sobre varias irregularidades, el país vivió una crisis política y social que decantó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Después de su salida del poder empezaron una serie de detenciones de los vocales electorales en los nueve departamentos.
La exvocal de Oruro María Eugenia Arce afirmó que la acusación en contra suya y de sus colegas -por manipulación informática y ocultar resultados- era injustificada. Aclaró que el TREP era responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que los tribunales electorales departamentales (TED) no dejaron de pasar los resultados a esta instancia. No recibieron explicaciones de lo que sucedía con el conteo.
El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de la crisis electoral de 2019 señala que hubo varias arbitrariedades de la Fiscalía, la Policía y las instancias judiciales en los procesos interpuestos en contra de los vocales de los TED. Advierte sobre “serias irregularidades procesales que obstaculizaron su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia”. Afirma que se logró identificar “un mismo patrón de persecución” en todos los casos.
El documento aclara que se refiere únicamente a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso por el presunto fraude electoral. Este análisis “de ninguna manera” suple la investigación del Estado sobre si existió o no irregularidades en el proceso electoral, puntualiza el informe.
Todos los vocales departamentales, aunque no con la misma rapidez, fueron sobreseídos en los primeros meses de 2021.
Las detenciones
“A nosotros no nos aprehendieron en nuestras casas o escapando. No había nada irregular. Por eso, luego que casi fuimos quemados en el TED y tuvimos que escapar, nos presentamos voluntariamente ante la autoridades. Yo fui detenida y luego enviada a un penal. No atendieron mis pedidos de ver un médico, ni mi solicitud de protección porque temía que ahí dentro me hagan algo”, relató Torres.
Esa historia se repite en muchos casos. En su mayoría las exautoridades electorales afirman que fueron arrestadas luego de presentarse a declarar de forma voluntaria.
“En Oruro no se intentó quemar el TED como en otros departamentos. Por eso me presenté voluntariamente. No nos capturaron como dijo la Policía a la prensa”, dijo Arce, exvocal de Oruro.
El informe del GIEI señala que durante los arrestos las autoridades judiciales y policiales presionaron a los vocales para que renuncien a sus cargos antes de sus audiencias cautelares. También advierte que hubo vulneraciones con sesgos de género.
Por ejemplo, en el caso de los cuatro vocales del TED Potosí, detenidos en Cantumarca, las tres mujeres dormían en el piso, mientras que el varón estaba en un área de aislamiento “por razones de seguridad”. En Tarija las vocales Zulma Sánchez y Alicia Durán estuvieron detenidas en la Felcc junto a otros hombres. Todos tenían un único baño abierto.
“Éramos autoridades electas con seis años de gestión. En la mayoría de los departamentos estábamos en la mitad de ese lapso cuando nos han cesado y encarcelado. Eso se nos tiene que responder. El GIEI nos reconoce como víctimas”, finalizó Torres.
Por Leny Chuquimia
Fuente: Página Siete
