Este pacto está vinculado con un proceso de orden civil que se libró en Estados Unidos. En primera instancia se definió un pago de $us 10 millones para las familias.
Las familias de los fallecidos en la llamada ‘guerra del gas’ de octubre de 2003, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín lograron un acuerdo confidencial de indemnización, confirmaron ayer a El Deber fuentes allegados a las partes.
“Evidentemente, los abogados que nos han patrocinado han confirmado que hubo un acuerdo y nosotros hemos dado la conformidad, es todo lo que le puedo decir” declaró a este rotativo Patricio Quispe, uno de los familiares de las víctimas del denominado ‘Octubre Negro’.
“Después de una década y media de litigio, los demandantes y los demandados concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal. En consecuencia, las partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para las familias de los demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los demandantes contra los demandados en relación con los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003”, señala un comunicado conjunto.
Entre septiembre y octubre de 2003 se produjo la también llamada ‘guerra del gas’, como se denominó el alzamiento de sectores populares de El Alto y que se extendió por todo el país en contra de la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos de Chile propuesto por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante la revuelta murieron unas 67 personas y otras 400 resultaron heridas. Las protestas concluyeron después de la renuncia del entonces jefe de Estado, el 17 de octubre de ese año, y se refugió en Estados Unidos. En su lugar asumió Carlos Mesa.
Posteriormente, en septiembre de 2007 un grupo de abogados pertenecientes al Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica Jurídica de Harvard y el estudio jurídico Akin Gump Strauss Hauer & Feld de Estados Unidos, presentaron el proceso civil en Maryland y Florida. Después de 16 años y tras una sentencia en primera instancia, ayer se conoció el acuerdo.
Las acusaciones que pesaban contra Goni y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín eran crímenes de lesa humanidad; violación a los derechos humanos, a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona y de la libertad de reunión y asociación.
En 2018 se conoció la sentencia en primera instancia de un tribunal federal del estado de la Florida y determinó el pago de $us 10 millones a las familias de 10 víctimas. La demanda legal, en la que se detalla los sucesos desde el 15 de septiembre de 2003 en Warisata, Sorata, El Alto y La Paz, hasta el 17 de octubre de ese año cuando Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia y se fue del país, fue presentada a nombre de Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltasar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.
La sentencia fue anulada, posteriormente, por un tribunal de primera instancia por falta de evidencias. No obstante, un tribunal de revisión dejó sin efecto ese último fallo.
El abogado Tomás Becker, que representaba a los familiares de las víctimas, destacó que con este juicio se demuestra que los líderes mundiales que se refugian en Estados Unidos, después de incurrir en crímenes en sus países, reciben sanciones.
Además, calificó el acuerdo como una victoria enorme para cada una de las víctimas de octubre negro, para el pueblo boliviano y para Estados Unidos, porque se envía un mensaje claro de que los delitos en contra de los derechos humanos son sancionados en cualquier parte del mundo.
Por su lado, Juan Patricio Quispe Mamani, demandante en otro caso, dijo que hay “otro proceso activado con una extradición que está pendiente de cumplimiento, pero este juicio se estaba siguiendo de manera reservada”.
El exdiputado y exdirigente del MNR Luis Eduardo Siles publicó en sus redes sociales el documento en que se establece el acuerdo alcanzado entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín con los familiares y víctimas de octubre de 2023.
Fuente: El Deber
