El Gobierno se sinceró con los alcaldes de ciudades capitales más El Alto sobre los pocos avances del censo y logró acordar la conformación de mesas técnicas a la cabeza del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los burgomaestres no lograron concretar el objetivo demandado por sus ciudades, de llevar adelante el censo en 2023. La alianza Comunidad Ciudadana (CC) dice que la reunión no tuvo ningún resultado.
Aunque los alcaldes y el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmaron que fue una reunión positiva. El diputado y jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, afirmó que el Gobierno se “salió con su gusto” para evitar la redistribución de recursos.
“El resultado es cero en cuanto al año del censo el 2023, salió con su gusto el gobierno central para no redistribuir recursos económicos en esta gestión, el problema no es entre los departamentos que más crecieron en población y desarrollo económico frente a los que menos lo hicieron, el problema es que el nivel de gobierno que más acapara los recursos del pueblo, en lugar de redistribuirlo con todas las regiones, los sigue concentrando para despilfarrarlos en derroche, prebendas y corrupción”, escribió el asambleísta en sus redes sociales.
Las autoridades nacionales anunciaron que recorrerán el país y escucharán las propuestas de cada municipio para reducir el nivel de politización y debatir el censo con argumentos técnicos, según las palabras de Richter.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que primero es necesario conformar las mesas que podrían dar luces de una fecha en consenso y acordadas por todos. Asimismo, reveló que el presidente Luis Arce dio datos del estado del censo y pudo sincerarse sobre los trabajos que no hizo el INE.
“Nos hemos enterado de cosas que no estaban dichas y que es la primera vez que el presidente se abre. Nos dijeron que estaba avanzado el 60% y nos enteramos que las cartografías solamente en las ciudades de Oruro, Potosí y Tarija están avanzadas en 50%. En cartografía estamos casi en cero y que todos el proceso de contrataciones para equipamientos que se necesitan, ese proceso está en cero”, afirmó el burgomaestre paceño.
Ningún alcalde habló de fechas. En el caso de Jhonny Fernández afirmó que existen al menos tres propuestas de fecha sobre la postergación del censo. Las alcaldías y cívicos (primeros meses de 2023), gobernaciones sin Santa Cruz (mayo de 2024), el Gobierno (mayo o junio de 2024) y la Comisión Internacional de Alto Nivel (octubre de 2024).
Al ser propuestas diversas serán necesarios los datos de especialistas para definir una fecha que podría adelantar o no la fecha propuesta por el Gobierno.
Aunque se conoce que el INE no cumplió con el cronograma del censo y menos logró concretar su anuncio, el Gobierno insiste que el aplazamiento de la encuesta censal se debe a la petición del Consejo de Autonomías conformado por los gobernadores.
El Gobierno argumentó que el censo es “técnicamente” imposible de realizar el 2023 ya que considera que primero se debe resolver el problema de límites en el país y garantizar la participación de los municipios y universidades en la actualización cartográfica. Sin embargo, los legisladores ven estos aspectos como una “excusa” de las autoridades ante su “incapacidad y su terquedad” de no asumir las demoras y errores cometidos con el proceso.
“Es solo una excusa, están buscando excusas en todos lados para poder justificar la postergación que han hecho y que es injustificable. Ellos mismos han referido que tenían el 68% de avance en la cartografía y ese es un avance considerable. Por tanto, el censo se podía realizar máximo hasta los primeros meses del próximo año. Han usado los límites y no justifica porque no se va a resolver ni en 2025 ese problema”, sustentó la senadora de Creemos, Centa Rek, en contacto con EL DEBER.
Por ejemplo, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo que el avance de la cartografía es considerable por lo que se debe explicar de forma técnica por qué no es posible llevar adelante el censo en 2023. El aspecto que más preocupa a los municipios es la distribución de recursos a través del censo porque quieren cubrir las demandas de la población, que incrementó en los últimos 10 años.
Sin embargo, en la reunión no lograron la compensación económica que buscaban sino una reformulación del presupuesto anual que empezará en agosto.
Postura de los cívicos
Los líderes cívicos de los nueve departamentos determinaron, en una reunión en Cochabamba, plantear al nivel central que el Censo de Población y Vivienda se realice el primer trimestre del año 2023 “fruto de un análisis técnico y estadístico real”. Por tanto, exigieron la abrogación el Decreto Supremo 4760 que determina la postergación de la encuesta.
Asimismo, solicitaron la creación de un “fondo compensatorio 2022” para los municipios con base en las proyecciones del INE, mientras no se emitan los resultados finales del empadronamiento.
Aún no existe una postura del Gobierno sobre estas peticiones.
El presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón, explicó a este medio que cada departamento deberá realizar estudios de población a sus municipios para elaborar un informe final para presentarlo en el proyecto que entregarán los Comités en 10 días al presidente Luis Arce, a los ministerios del Estado involucrados y al INE.
Ante la consulta si el Gobierno no los recibe en los 10 días que dieron como plazo, los dirigentes no descartan iniciar medidas de presión, aunque esperan no llegar a ese extremo porque el objetivo es concertar tareas para hacer un trabajo técnico en la labor del empadronamiento.
No sólo hablaron del censo sino de la crisis judicial que vive el país, el cívico cochabambino Apolinar Rivero Rivero indicó que ante la ausencia de un debido proceso imparcial en el Estado y la instrumentalización de la justicia para la “persecución política del movimiento cívico”, adelantó que respaldan la iniciativa y serán parte de la propuesta que elaboran los juristas independientes.
Cabe recordar que la propuesta de los 10 abogados advierte la recolección de más de un millón y medio de firmas para lograr ir a un referéndum que modifique de forma parcial la Constitución sobre la elección de magistrados por voto popular.
Agresiones
Antes que el Movimiento Cívico Nacional se reuniera, se suscitó un escenario violento contra los representantes del Comité Cívico pro Santa Cruz mientras arribaban al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba. Afines al MAS les tiraron huevos, piedras y otros objetos.
El segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, junto a otro cívico, fueron agredidos por un grupo de choque oficialista que los esperaba con pancartas.
Las imágenes que registró EL DEBER muestran cómo les gritaron “fuera racistas” y los empujaron, mientras intentaban hablar con los medios de comunicación. Tuvieron que salir apresuradamente de la terminal aérea e incluso algunas personas golpearon el motorizado que abordaron.
“No son bienvenidos estas personas, si son personas que quieren hacer turismo son bienvenidos, (pero) si son personas que quieren dividir nuestro país, quieren hacer un intento político para desestabilizar el país no se lo vamos a permitir, estos señores (cívicos) no son bienvenidos en Cochabamba”, dijo a los medios locales el dirigente del MAS de la Zona Sur de Cochabamba, Franco García.
Al respecto de las agresiones, el comité cruceño condenó el hecho y consideró que los insultos y la violencia forman parte del “odio” que el partido azul muestra “contra Santa Cruz y contra quienes piensan diferente”.
Los dirigentes del país aprovecharon para pedir garantías y que se les permita desarrollar su trabajo. “Al parecer la misión del Gobierno es amedrentar a los líderes de los Comités. Los cívicos somos la voz de los pueblos de Bolivia porque no somos politizados y a eso le teme el Gobierno”, dijo el paceño Antonio Alarcón.
Comisión internacional
Las diferentes organizaciones internacionales que coadyuvan en la realización del censo indicaron que, en la región, 12 de 14 procesos censales sufrieron reprogramaciones, en dos ocasiones en Brasil, Chile y Panamá. Asimismo, los financiamientos, que contemplan su ejecución en varios años, siguen garantizados y no requerirían extensiones de plazo.
El BID explicó que el financiamiento al Estado para el censo está dividido para la encuesta de hogares y el censo.
“Como se trata de un financiamiento de inversión y no de libre disponibilidad, todos los gastos y actividades en apoyo de todos estos censos y encuestas se están previamente definidos en detalle”, aclaró la representante de esa entidad en Bolivia, Julia Johannsen.
Fuente: El Deber
