Comunidad Ciudadana ratificó que con este proceso se intentará inhabilitar políticamente a Carlos Mesa y advirtió con llevar el caso a instancias internacionales.
El juez Ernesto Macuchapi rechazó, en pasadas horas, una objeción presentada por el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en contra del proceso iniciado por David Moscoso, socio de la empresa Quiborax, por supuestas calumnias. Mientras, su organización política se declaró en estado de emergencia.
Sin embargo, “el hecho de que el juez Ernesto Macuchapi haya rechazado la objeción presentada por Mesa y (el diputado) Carlos Alarcón al juicio por calumnias iniciado por David Moscoso (…) significa dar luz verde para inhabilitarlos políticamente y continuar con la infame persecución política y judicial en el país”, alertó este jueves la bancada de CC.
A través de un comunicado de prensa, la alianza política consideró que Mesa y Alarcón “son víctimas de la justicia instrumentalizada por el masismo para anular a la oposición”.
En ese sentido, Comunidad Ciudadana también señaló que el pueblo boliviano está ante una “nueva arremetida de persecución política y judicial” que, según su versión, “tiene el objetivo de amedrentar a todo aquel ciudadano que piense distinto al masismo”.
Asimismo, la agrupación política consideró que se busca “ocultar el escandaloso negociado de Quiborax, que le costó al país más de 40 millones de dólares, y evitar que en el futuro se pueda investigar a los verdaderos responsables de este latrocinio, es decir, el propio David Moscoso, Evo Morales, los funcionarios de la Procuraduría General del Estado y el sistema judicial servil y obsecuente”.
En 2004, durante el gobierno de Mesa, se decidió revertir las concesiones mineras de Quiborax en el salar de Uyuni y esa determinación provocó que la empresa chilena acudiera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Bolivia perdió dicho proceso internacional y pagó en 2018, durante el gobierno de Evo Morales, 42,6 millones de dólares de indemnización.
Entretanto, Comunidad Ciudadana se declaró en estado de emergencia ante lo que cree que es un “nefasto intento del gobierno de Luis Arce y la servil justicia masista de defenestrar a los líderes de la oposición democrática”, y advirtió con llevar este caso a las instancias que correspondan en el ámbito nacional e internacional.
Fuente: El Deber
