David Choquehuanca se alejó del discurso conciliador y lanzó advertencias a los que apoyan el paro indefinido. Los sectores afines al MAS amenazan con salir a las calles con el fin de opacar la medida. Gremiales ratifican el paro indefinido.
Desde el oficialismo se hacen esfuerzos para detener el paro indefinido convocado a partir del 8 de noviembre por diferentes sectores en rechazo a la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Por un lado se hacen llamados al diálogo a los descontentos, por otro el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, y las organizaciones afines al MAS amenazan con salir a las calles para intentar contrarrestar las protestas.
Choquehuanca se reunió ayer con el Pacto de Unidad, el aglomerado de sectores que apoyan al MAS. En el encuentro se analizó el escenario político del país y la convocatoria al paro indefinido en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La segunda autoridad del país estuvo arropada por los dirigentes y lanzó una amenaza.
“Advertimos que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular va a defender la democracia, nuestra Constitución Política del Estado, al Gobierno legítimo, constitucional, tal como nos han manifestado en esta reunión nuestras organizaciones sociales”, aseguró Choquehuanca en el hall de la Casa Grande del Pueblo.
El vicepresidente se refirió al paro indefinido y consideró que esta medida fue convocada por “corporaciones transnacionales de desestabilización”. Choquehuanca vaticinó que el paro “no tendrá éxito” porque hay sectores -dijo- que buscan la reactivación económica del país.
El miércoles, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que se sumarán al paro convocado por los gremialistas en contra de una ley que atenta contra la libertad, el patrimonio y las garantías constitucionales de los habitantes de Bolivia.
Desde la acera del frente, Choquehuanca dijo: “El pueblo boliviano tiene que saber lo que están buscando, dividir y debilitar a las organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas, lo que están buscando es impunidad. El pueblo boliviano no va a permitir que esos días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, de discriminación, de desorden, de desgobierno, de corrupción, de tortura vuelvan nuevamente”, afirmó Choquehuanca.
Lejos de la conciliación
Los sectores afines al MAS salieron al paso. El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) advirtieron de que están dispuestos a salir a las calles para enfrentar a los que realicen el paro desde el lunes 8 de noviembre. Estas organizaciones lanzaron la amenaza y aseguran que trabajar estrategias para minimizar la medida de presión.
“Si vamos a tener que salir a las calles lo vamos a hacer, si vamos a tener que salir a las carreteras lo vamos a hacer para defender la estabilidad política, económica y social del país, por eso estamos reunidos hoy y dar este respaldo al Gobierno a la cabeza del compañero Luis Arce y David Choquehuanca”, sostuvo el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
Mientras, la dirigente de las “bartolinas” Odalis Huayllas acusó a los comités cívicos de pretender dañar la “democracia intercultural” y generar “caos y división social” en medio de la reactivación económica. “Tenemos la obligación de advertir a estos desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones históricas y matrices del pueblo no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generar muerte y dolor en el pueblo; no queremos más racismo ni discriminación”, afirmó.
La semana pasada el sector gremial anunció que desde el 8 de noviembre se desarrollará un paro indefinido exigiendo la abrogación de la Ley 1386. El miércoles, los comités cívicos anunciaron que se suman a la medida de presión. Antes, los transportistas del sector pesado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), médicos y transporte de la ciudad de El Alto anunciaron que acatarán la determinación.
En el aparato político existen algunas reacciones. La Gobernación de Santa Cruz acatará el paro indefinido. No lo hará la Alcaldía de El Alto. La alcaldesa Eva Copa adelantó que su ciudad trabajará con normalidad. “Nosotros no vamos a participar de ningún paro porque la ciudad de El Alto, en un 80% vive del comercio informal, y parar es crear un hueco económico en nuestra población alteña”, aseguró la burgomaestre.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que será la Asamblea de la Paceñidad la que establezca si el paro es acatado, pero adelantó que todavía no existe un llamado a una asamblea de la institucionalidad paceña. En Santa Cruz de la Sierra el alcalde Jhonny Fernández consideró que “los paros nos son buenos” y que esta medida afectará la economía cruceña. Sin embargo, el burgomaestre pidió al Gobierno atender a los sectores en conflicto contra la Ley 1386.
“(Si existe rechazo) es porque no está bien hecha esa ley. No solo debe ser anulada, si hay que ir al diálogo para buscar respuestas a la ciudadanía”, dijo Fernández.
El MAS en el Legislativo pidió a los sectores afines al Gobierno coordinar en sus regiones para evitar el éxito del paro indefinido. El diputado Anyelo Céspedes habló de un “segundo golpe de Estado” y consideró que esta medida tiene el objetivo de desestabilizar la gestión de Luis Arce.
Esa misma posición la tiene el vocero presidencial, Jorge Richter.
Por Ivan Alejandro Paredes
Fuente: El Deber
