Las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre, costarán 215 millones de bolivianos, lo que implica 12% menos de lo que se destinó para el proceso electoral fallido de 2019, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Incluso una vez efectuados estos ajustes y adiciones al presupuesto, el costo global de la elección 2020 ascenderá a 215 millones de bolivianos, por lo tanto, permanecería inferior al de la elección de 2019, en aproximadamente 12%”, señala el pronunciamiento que leyó el presidente del TSE, Salvador Romero.
El proceso electoral 2019 demandó un presupuesto de 244 millones de bolivianos. Las elecciones primarias, en las que se presentaron binomios “únicos”, costaron 27 millones y las elecciones generales 217 millones. No obstante, esos comicios fueron anulados tras el fraude.
El viernes se generó consenso entre las organizaciones políticas para renunciar al “fortalecimiento público”, con el fin de que esos recursos se destinen a solventar el costo de las medidas sanitarias, para reducir el riesgo de contagios de Covid en el proceso electoral.
Ante esa postura, el sábado, el TSE planteó que esos recursos, de alrededor de 35 millones de bolivianos, se queden “definitivamente consolidados dentro del presupuesto electoral (201 millones de bolivianos), en la medida que ya están previstos, contemplados y aprobados”.
“Recogiendo la opinión mayoritaria, (el organismo electoral) propone que, por única vez, es decir sólo para la elección general 2020, se dejen sin efecto los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que contemplan la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación”, señala el comunicado.
El TSE indicó que en esa circunstancia, requeriría únicamente un adicional de 14 millones de bolivianos para cubrir el conjunto de los requerimientos para llevar adelante un proceso electoral “seguro desde el punto de vista de la salud”.
Ese presupuesto adicional, según el TSE, servirá para apuntalar todas las medidas para precautelar la salud, permitirá la adquisición de material de protección para los jurados, y también posibilitará llevar delante de mejor manera las acciones de distanciamiento social en todas las etapas: el manejo del material electoral, la capacitación de jurados, la jornada de votación.
En el articulo 73 de la LOP establece que el “fortalecimiento público” consiste en subvenciones indirectas en periodos electorales para que las organizaciones políticas accedan a propaganda en medios de comunicación e impresos. Los recursos destinados para este objetivo son administrados por el Órgano Electoral.
El TSE subrayó el que los frentes expresaran de manera masiva su predisposición para resignar esos recursos. “El gesto debe ser reconocido y valorado por la sociedad”.
