La alianza política Creemos ratificó que no respaldará ni dará legitimidad al proceso de elección del Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque esa institución se convirtió en una “cuota de poder” del Gobierno central.
“La alianza política Creemos ha optado por no respaldar ni brindar legitimidad a un proceso de elección del Defensor del Pueblo, contaminado desde su inicio por cálculos e intereses políticos; no es posible devolver la independencia, transparencia y objetividad a una institución tan desprestigiada y cuestionada, con tan sólo proceder a designar a un nuevo funcionario, que tiene una evidente inclinación política” señala en un comunicado emitido esta mañana después de una conferencia de prensa.
La elección del Defensor del Pueblo está trabada en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de consensos entre el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. La primera fuerza apoya al postulante Pedro Callisaya, exfuncionario gubernamental y judicial, la fuerza política de Carlos Mesa respalda a la aspirante Evelín Cossío mientras la alianza de Luis Fernando Camacho no respalda ninguna candidatura y en las dos votaciones que hubo sufragó en blanco.
“Nuestro voto en blanco expresa la firmeza de nuestra posición para decirle a nuestro país que el Defensor del Pueblo no puede responder a ninguna línea política y que debemos contar con un Defensor del Pueblo idóneo, probo, profesional, con amplia y destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, para cambiar la visión del país hacia instituciones fortalecidas y de servicio a los bolivianos, y no a los gobiernos de turno” señala en su comunicado.
En la parte de argumentos, Creemos afirma que en todos los años de existencia de la Defensoría del Pueblo, se ha podido evidenciar que la forma en que se designa a su titular no es sujeto de legitimidad y credibilidad por parte de la población boliviana, ya que la instancia legislativa que se encarga de su designación, necesariamente se inclina por el postulante afín al partido o a la clase política gobernante, dejando a un lado los méritos y la capacidad profesional que debe tener dicha autoridad, por lo que el Defensor pasa a ser una cuota más del poder de turno.
Por todos estos motivos expuestos, es fácil comprender que un “supuesto consenso” entre las tres fuerzas políticas del legislativo, establecido durante la última etapa del proceso de selección y designación, no solucionará en absoluto la crisis institucional vigente en el país, la cual se ha agudizado y por ende requiere una necesaria y urgente reestructuración de fondo, indica.
Fuente: Brújula Digital
