La pasada semana, en una mesa de diálogo el oficialismo y la oposición, excepto Creemos de la facción “camachista”, acordaron viabilizar la aprobación de esos créditos a cambio de una ley de elecciones judiciales este año.
El acuerdo para garantizar las elecciones judiciales incorporó como parte de la negociación entre las fuerzas políticas la aprobación, entre el 5 y 9 de febrero, de siete proyectos de ley de contratos de préstamo por más de 704 millones de dólares.
Una mesa de diálogo presidida por el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, acordó cuatro puntos para viabilizar la realización de las elecciones judiciales, que desde el año pasado están estancadas, ese hecho ha desatado un conflicto político-social en el país.
El acuerdo en el punto 4 dice: “…entre el 5 al 9 de febrero de 2024, en las sesiones de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se tratarán y aprobarán conforme a los informes de comisión los proyectos de ley (…)”, referidos a los contratos de préstamo que suscribe el gobierno a nombre del Estado con diferentes organismos.
Las bancadas de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento al Socialismo (MAS-evista) han rechazado la aprobación de proyectos de ley, después que el Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática ha ido invalidando las facultades de la Asamblea Legislativa.
Un primer golpe a la ALP, fue la decisión de una Sala Constitucional de La Paz de suspender su facultad de interpelación a los ministros de Estado, el hecho sucedió después que censuraron al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Hasta la fecha el TCP no ha resuelto ese amparo constitucional.
Eso no fue todo, el TCP suspendió al Senado en su facultad de sesionar por hacerlo en el receso legislativo, después que Choquehuanca -por encima del Legislativo- instruyó la vigencia de dichas “vacaciones”, pese a que una sesión del pleno de la ALP rechazó ese receso. La oposición exigió el tratamiento de las elecciones judiciales y el PGE-2024.
Recientemente, el TCP en menos de 48 horas dio curso a una medida cautelar y ordenó a la ALP que acate la Declaración constitucional 049/2023, de prórroga de su mandato, antes del tratamiento de las elecciones judiciales.
Por estos hechos, los legisladores de oposición frenaron la aprobación de normas, entre ellas las de carácter económico, además porque cuestionan los excesivos préstamos que está adquiriendo el gobierno central. Sin embargo, la pasada semana aceptaron aprobarlos a cambio de una ley de judiciales.
Se trata de siete proyectos de ley de contratos de préstamos con el BID, FONPLATA, JICA, CAF, por un monto de más de $us 704.000.000.
¿Cuáles son esos préstamos?
Proyectos de ley Nº 145/2023-2024, se trata de un contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta), con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de $us 57.246.082
Proyecto de ley 268/2022-2023, referido a un contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II) con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de $us 52.000.000
Proyecto de ley 156/2023-2024, se trata de un convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JICA por un monto de 15.000.000 de yenes japoneses, equivalentes a $us 101.004.318
Proyecto de ley 079/2023-2024, referido a la adenda N° 1 al contrato de préstamo CFA 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi: tramo 2B Confital-Bombeo, con la Corporación Andina de Fomento por $us 176.000.000
Proyecto de ley 189/2023-2024, respecto a un contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $us 62.000.000
Proyecto de ley 254/2023-2024, sobre un contrato de préstamo para el Programa de Electrificación Rural III y para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III con el BID, por un monto de $us 200.000.000
Proyecto de ley 255/2023-2024, referido a un contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)’ con FONPLATA, por un monto de hasta $us 56.050.000.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, los jefes de bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos (excepto el jefe de bancada de Creemos en el Senado), asimismo los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Pese a que las reuniones fueron presididas por Choquehuanca, él no estampó su firma en el documento.
Fuente: El Deber
