Cumbre Departamental amenaza con un paro cívico para lunes 25 en rechazo a la postergación del Censo

Foto: Jorge Ibáñez

Los actores reunidos la tarde este viernes en predios de la estatal cruceña para la Cumbre Departamental de Emergencia por un Censo Oportuno y Transparente definieron en conjunto una resolución de ocho puntos. Entre ellos está la amenaza de ingresar en un paro cívico departamental el próximo lunes 25 de julio si el Gobierno central no atiende en cinco días los pedidos de la Cumbre.

Las instituciones y autoridades departamentales y municipales que participaron de esta cumbre, encabezada por la Uagrm, asumieron el compromiso de agotar las medidas necesarias para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760 que aplaza la encuesta nacional para el 2024 y se garantice un proceso censal “transparente y oportuno” lo antes posible.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, dio a conocer los ocho puntos aprobados por el Comité interinstitucional impulsor del Censo que dicen así:

1. Rechazar el Decreto Supremo 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda 2022 para el 2024 y exigimos al presidente del Estado su inmediata abrogación, ya que esta postergación no tiene ningún fundamento técnica que lo justifique, constituyendo dicha acción, un atropello a los derechos fundamentales establecidos en la constitución de recibir atención oportuna por parte del Estado en sus necesidades básicas, de alimentación, salud, vivienda, trabajo, empleo y educación, porque sin censo, las entidades estatales responsables no cuentan con la información adecuada para conocer las real dimensión de las situación de la población boliviana.

2. Ratificamos la Resolución de la Reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo en su punto 2, que exige que la brigada Parlamentaria cruceña inicie las acciones legales que correspondan, contra las autoridades responsables de este atropello a la población boliviana, por incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado.

3. Encomendamos a la Universidad, la Gobernación y el Municipio elaborar una propuesta de Ley Nacional de Censos, donde queden claramente establecidos los períodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los Institutos Estadísticos Departamentales, para ser presentada y gestionada por la brigada Parlamentaria cruceña.

4. Encomendar al Instituto Cruceño de Estadística dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, para que en el marco de sus competencias realice la Encuesta Poblacional de Necesidades a nivel departamental, que permita a la Gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña.

5. Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Art. 123 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo, para que el mismo tenga un componente técnico y no solamente político, que evite la manipulación política del mismo, como ha sucedido en el caso de este Censo.

6. Encomendar a la UAGRM preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las Notas de Créditos Fiscal (NOCRE) y de los Títulos Valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente.

7. Exigimos que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE y que se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el Gobierno nacional. Debemos unidos preparar el camino hacia un verdadero pacto fiscal.

8. Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso que el Gobierno Nacional no cumpla con las exigencias de esta Cumbre, en el plazo de 5 días hábiles, se convoca a un paro departamental desde el lunes 25 de julio del 2022.

Fuente: El Deber

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