La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga Vera, fue declarada en rebeldía durante la audiencia de medidas cautelares realizada por el Juez 10° de Instrucción en lo Penal, ante la ausencia injustificada de la imputada, quien habría facilitado que agentes químicos de Ecuador ingresen al país en noviembre de 2019.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que esa determinación se dio en el marco del caso denominado “Armamento no letal – Ecuador”.
“Hoy se realizó la audiencia de medidas cautelares a las 14.00 horas en contra de esta exautoridad y al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos como dispone la norma, pero la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía, pues no se sometió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”, declaró Alave, según un reporte del Ministerio Público.
El fiscal coordinador anticorrupción, Eddy Flores, señaló que la Comisión de Fiscales emitió la ampliación de investigación en contra de Lizárraga y emitió imputación formal, debido a que se identificó que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con los exministros Arturo Murillo, Fernando López y la expresidenta Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, ella habría tomado contacto con personal policial de Ecuador y se habría acordado, mediante una llamada telefónica, que ese país pueda facilitar armamento no letal, es decir equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal.
“Durante la investigación se logró establecer la presunta participación de esta exautoridad en el hecho, por esta razón el 25 de febrero de este año se citó a la investigada para que asuma defensa y se presente a declarar sobre los hechos ocurridos, porque habría viabilizado la llegada de estos elementos antidisturbios que consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, acotó Flores, según la Fiscalía.
A mediados del año pasado se informó que Lizárraga tramita su asilo en Estados Unidos, luego de haber permanecido en Perú.
Fuente: Brújula Digital
