La Defensoría del Pueblo constató que alrededor de 40 personas de nacionalidad boliviana y dos de ellas colombianas, entre niñas, niños y personas adultas mayores, que llegaron desde Brasil hasta la población fronteriza de Arroyo Concepción, se encuentran en situación de abandono desde el 12 junio, tras ser retenidas por la Armada Boliviana y la Jefatura Regional de Migración para cumplan una cuarentena según los protocolos de bioseguridad.
“Se verificó que el campamento improvisado para cumplir una cuarentena, exigida para entrar a territorio nacional, no cumple con las condiciones requeridas y que de pleno se constató la vulneración de derechos humanos de estas personas; en el lugar se evidenció que no se estableció áreas diferenciadas para el aseo personal, descanso u otros que deben responder a tratos mínimos de la dignidad humana”, indicó el Coordinador Regional de la institución defensorial en Puerto Suárez, Carlos Lara, según cita una nota de prensa de la entidad.
De acuerdo a la información recabada por la oficina defensorial, las 40 personas, a su llegada a la frontera, fueron impedidas de ingresar a territorio nacional, mediante uso persuasivo de la fuerza de la policía y militares, debiendo soportar condiciones degradantes de vida, sin la atención y ayuda humanitaria, obligando a dormir a niños, niñas y mujeres en plena intemperie, sobre el asfalto y a orillas de la vía de tránsito de camiones de transporte pesado, entre mosquitos, en una zona endémica del dengue y otros insectos que habitan en el monte que les rodea.
Desde el día de su arribo al lugar hasta la fecha, ninguna institución de salud se hizo presente para verificar el estado de salud de niños, niñas y mujeres, y menos para hacer el registro y seguimiento sanitario en el marco de la cuarentena que vienen realizando en condiciones infrahumanas.
“La retención es en sí misma, se constituye en vulneración al derecho a la circulación en territorio boliviano, ellos si bien no pasaron los retenes fronterizos, no significa que estén fuera del territorio boliviano; en los hechos significa que ingresaron al país, pero sus derechos en este lugar están siendo vulnerados”, manifestó Lara.
Observó también que, si bien existen restricciones plasmadas en decretos supremos, éstos no pueden estar por encima de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del Estado, y que las medidas y protocolos de bioseguridad para la prevención del Covd-19, deben cumplirse en condiciones dignas y humanas.
Estas personas, frente a la falta de atención, bloquearon el puente de La Amistad en dos oportunidades, logrando que les provean de un toldo improvisado y dos carpas; posteriormente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Provincia Germán Busch, les facilitó cuatro carpas pequeñas, y este viernes la Coordinación Regional de Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo, proveyó dos toldos con protectores laterales para completar las cubiertas faltantes y así mejorar las condiciones de su descanso.
Se conoció también que, pese a las gestiones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Defensa Civil, no se les permitió ingresar a cumplir cuarentena en el albergue Germán Busch de Puerto Suárez. Ambas instituciones les entregaron víveres para cubrir dos días de alimentación
