El delegado docente de la subcomisión de Política del XIII Congreso de Universidades, Roberto Fernández, admitió que cometió un error al leer una demanda de “trabajadores desplazados” en la plenaria y aclaró que según la normativa no se pueden discutir asuntos sindicales.
La resolución a la que se dio lectura pertenecía al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) que rechaza la presunta intromisión del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y de Max Mendoza en la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (Fntub).
“Asumimos el error que cometimos nosotros como subcomisión por no haberle dado una lectura grande porque no hubo tiempo. Me llegó a último momento una resolución política y yo pensé que lo habían discutido en la subcomisión, lo leí en plenaria. (…) Es un tema sindical que no debió haberse leído, está dirigida a la COB y no la universidad”, aclaró el catedrático a EL DEBER.
Las discusiones en la plenaria se extendieron hasta altas horas de la noche de ayer. Los congresistas manifestaron que algunas comisiones no concluyeron su trabajo.
“Lo que corresponde en este caso es un rechazo total a esta manipulación y a esta intromisión del Gobierno en las organizaciones sindicales, genuinamente elegidas, como es el caso de los trabajadores administrativos a nivel nacional. Tenemos que rechazar esa injerencia y desconocer a los que fueron elegidos en un congreso paralelo manipulados por el Gobierno”, leyó en la plenaria el docente de Cochabamba.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Fntub, Marilyn Ninosca Morales, aseguró que su sindicato, al que cuestionan de ser afín al MAS, está acreditado por la resolución 482/2022 emitida el 4 de mayo por el Ministerio de Trabajo.
“He sido electa en el XXVI Congreso Ordinario de la Fntub que se ha llevado a cabo en la ciudad de Cobija en marzo y fui acreditada como representante de esta federación”, enfatizó la dirigente.
Dada la discrepancia sobre la intromisión política de fuerzas políticas externas, el XIII Congreso postergó emitir resoluciones de la Comisión de Política Institucional hasta dentro de 90 días en la ciudad de Cobija.
Fuente: El Deber
