La alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo alertaron de una posible ruptura del orden constitucional en Bolivia, puesto que el Gobierno tendría la intención de usurpar el mandato de la Asamblea Legislativa para elegir a autoridades como el Defensor del Pueblo y el Contralor.
El pronunciamiento surge después de que una Sala Constitucional abrió la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo elija al Defensor del Pueblo, tomando en cuenta la falta de consenso del Legislativo.
La alianza de organizaciones alertó que con dicha resolución el presidente Luis Arce podría nombrar mediante decreto a altas autoridades del Estado, concentrando de esa manera en su persona los poderes y facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Asimismo, mencionó la advertencia del ministro de Justicia, Iván Lima, quien argumentó que por emergencia el Órgano Ejecutivo podría tomar decisiones para asegurar la continuidad de los servicios estatales, si la Asamblea no se pone de acuerdo.
En criterio de la alianza, la declaración de Lima “demuestra que el Gobierno estaría decidido a violar la Constitución Política del Estado, a no respetar la independencia de poderes y a concentrar el poder en el órgano Ejecutivo, atentando de esta manera contra el Estado de derecho y la democracia”.
También la alianza expresó su preocupación ante la falta de compromiso y la incapacidad de lograr consensos por parte de la clase política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque está provocando el quiebre de la institucionalidad democrática con los consecuentes riesgos que eso conlleva.
En ese marco, las organizaciones agrupadas en la veeduría ciudadana OCD decidieron retirarse del proceso de selección y designación del Contralor del Estado, por considerar que tiene vicios desde el inicio.
“Ante esta amenaza de ruptura del orden constitucional, la alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo anuncian su repliegue de la tarea de veeduría, en tanto se restituyan estas garantías, conforme a derecho”, finaliza el comunicado.
Fuente: Los Tiempos
