“Si un avión de BOA se arruinaba, estos señores hacían ver que tenían que comprar un motor nuevo, supuestamente pagaban un motor nuevo que cuesta entre 300 mil y 500 mil dólares, pero en realidad lo que hacían era sacar los motores de las naves de AeroSur”, aseveró el diputado de UD, Amilcar Barral.
Según las investigaciones, dijo que el daño económico ocasionado al Estado por ese caso de corrupción pública supera los 32 millones de dólares.
Barral afirmó que a pesar del cúmulo de pruebas existentes y recibidas del Ministerio Público y estando las aeronaves aún en los hangares de los aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz, “nadie quiere hacerse cargo” del caso”.
El legislador señaló que parte de las piezas de los aviones también fue utilizada para naves de la empresa aérea colombiana LaMia en 2016.
Una de las naves de LaMia tuvo un fatal caso aéreo con la muerte de más de 40 personas a bordo, recordó.
Manifestó que un informe del 24 de febrero de 2012 remitido por el Comando del Grupo Aéreo “71” al comando de esa misma unidad de la Fuerza Aérea Boliviana colectado en el marco de las investigaciones señala:
El asambleísta anunció que en las siguientes horas remitirá al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, una nueva petición de inspección a las 14 naves de AeroSur, en Santa Cruz y otras cuatro en Cochabamba.
Por su parte, la diputada de PDC, Norma Piérola, pidió al Ejecutivo el cambio de autoridades públicas con acceso a información vinculada a casos de corrupción, debido a que ninguna de las investigaciones tiene avances y ante el riesgo de la pérdida de documentos que podrían ser pruebas.
“Los funcionaros del anterior Gobierno están haciendo desaparecer los documentos y nadie dice nada debería precautelar esa información y hacer cambios en esos cargos de alta responsabilidad”, apuntó.
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