Santa Cruz llegó al día 18 del paro indefinido que exige la encuesta para el próximo año; el respaldo ciudadano es enorme. Evo Morales espera que el presidente anuncie una decisión en su mensaje de hoy.
Dos años después y el MAS no es el mismo. La fractura del partido gobernante llegó ayer hasta la Asamblea Legislativa donde el presidente Luis Arce debe entregar su informe anual. La autoridad cumplirá ese deber en un contexto marcado por la demanda ciudadana que exige el próximo censo en 2023 y no en 2024 como lo plantea el cuestionado Decreto 4760.
Mientras este conflicto se expande a otras regiones del país, con paros, piquetes de huelga de hambre y marchas de protesta, los legisladores cercanos al expresidente Evo Morales optaron ayer por cortar vínculos con el Gobierno. Lo hicieron tras denunciar “un golpe” en la Cámara de Diputados porque el nuevo presidente de esa entidad, el cruceño Jerjes Mercado, fue elegido sin las formalidades y sin la participación del presidente saliente, Freddy Mamani.
Anticiparon, en ese contexto, que no avalarán leyes o préstamos internacionales “que generen corrupción”. Cuestionaron al vicepresidente David Choquehuanca por “su falta de liderazgo y planificación”. Así lo mencionó el diputado Héctor Arce, quien denunció corrupción en la adjudicación de la doble vía a Yamparáez, Chuquisaca, que cuenta con el respaldo de un crédito de un banco chino.
“Durante las dos gestiones anteriores, hemos sido soldados y, yo como jefe de bancada, he viabilizado leyes que nos enviaron desde el Órgano Ejecutivo; hemos actuado rápido y hemos enfrentado problemas con la oposición”, afirmó, por su lado, el diputado Gualberto Arispe, quien fue relevado de sus funciones en medio de la ruptura con el ala “renovadora”.
“Escuché que hay críticas y se mirará mejor por si hay algún crédito que vayamos a sacar. Por ejemplo, para la construcción de carreteras. ‘Denunciamos corrupción, denunciamos desfalco y para qué vamos a aprobar, para que otros roben’, ese es el concepto que escucho de otros colegas”, dijo.
Pero, las tensiones internas en el MAS datan desde hace un año, cuando la llamada “ala evista” no pudo influir en el gobierno de Arce para ajustar el gabinete de ministros. En este último año, Evo Morales también llegó a cuestionar el manejo económico de Arce, quien fue su ministro de Economía por casi 13 años continuos.
“No se sienten las medidas”, afirmó el expresidente en una ocasión. Hace una semana, Evo exhortó a Arce para que reconozca que “hay inflación” por el alza de los precios de primera necesidad y luego le pidió que dialogue para superar el conflicto por el censo que ya lleva activo cerca de 100 días, pues estalló con la aprobación del Decreto 4760 del pasado 13 de julio. La norma aún está vigente a pesar de la oferta del Gobierno de ajustar el calendario del próximo censo.
Ayer, en Trinidad, continuaba el debate técnico sobre la fecha del censo. La directora de censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Martha Oviedo, aseguró que la propuesta de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) ni de otras entidades demostró viabilidad técnica para que la encuesta nacional se realice en 2023, tal como lo señala la demanda del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y que mantiene un paro indefinido por esta causa.
“Este debate es insulso, ya son tres días en el tema del censo. Se está alargando para ocultar tres cosas del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca: quieren ocultar la corrupción, quieren ocultar las denuncias de narcotráfico y quieren minimizar esta fractura que hay en el MAS y en nuestras organizaciones”, afirmó Héctor Arce. Sostuvo que, seguramente, surgirán cuestionamientos por la postura que asumió ayer, pero remarcó que “ya no es tiempo de estar callados”. “¡Ya no nos vamos a callar!”, insistió en el contexto de la fractura del MAS.
La pasada semana, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, demandó “seriedad” al Gobierno de Arce respecto al próximo censo de población y recordó que el Legislativo aprobó los recursos para solventar al operativo estadístico.
“Como asambleístas cumplimos aprobando créditos de 100 y 40 millones de dólares de Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo del Censo en 2022”, recordó Rodríguez tras ser reelegido como presidente de la Cámara de Senadores.
El crédito para el censo fue sancionado por la Asamblea Legislativa el 7 de julio de este año sobre la base del Decreto 4546 que fijó el empadronamiento para este 16 de noviembre; es decir, para adentro de una semana. Algo que, a esta altura, es imposible, según el avance de este proceso que reveló el INE, pero en el medio del conflicto.
Arce, tras una reunión con el Consejo Nacional Autonómico (CNA), postergó el operativo hasta 2024. Lo hizo el 13 de julio y la decisión provocó el rechazo de Santa Cruz y otras regiones. Hasta ese momento, tanto el ministro Sergio Cusicanqui, como el propio portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, garantizaron el censo para este mismo año. La pasada semana, la exministra de Planificación, Gabriela Mendoza, le dijo a Erbol que todo estaba listo hasta que se ajustaron los plazos tras el CNA.
El reclamo por adelantar el censo comenzó, precisamente, hace tres meses. El Gobierno ofreció, luego, adelantar la entrega de resultados para octubre de 2024 y el censo en abril de ese año, pero cuando hizo esa propuesta, el pasado 22 octubre, un cabildo ya había exigido el censo para 2023.
Evo Morales, desde su cuenta en Twitter, dijo que se espera que Arce anuncie hoy “una solución definitiva en relación a la fecha del censo para frenar el gran daño que el paro causa a la economía del pueblo trabajador”. Tras ello, cuestionó al corazón del programa que ofreció Arce para ser elegido en los comicios de 2020. “La falta de decisión política produce inestabilidad económica”, escribió Evo.
“Ojalá, los funcionarios que llevan adelante la mesa de decisión de la fecha del censo piensen que mientras ellos van a cobrar sus sueldos, nuestras hermanas y hermanos gremialistas, emprendedores y transportistas han dejado de generar ingresos desde hace dos semanas”, apuntó Morales, más temprano, tras el anuncio de los viceministros de Planificación y Autonomías, Carlos David Guachalla y Álvaro Ruiz, quienes anticiparon que el debate “técnico” se iba a prologar por cinco días más.
Entre tanto, el respaldo ciudadano en favor del censo en 2023 se tradujo ayer en una multitudinaria marcha de protesta en Santa Cruz. Fue, según la convocatoria, la ‘Gran Marcha de Marchas’ que partió desde el segundo anillo y la avenida Busch, tradicional punto de bloqueo de la Universidad.
En un encendido discurso, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, afirmó que el Comité Interinstitucional hará que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, y que los técnicos demostrarán con intelectualidad su viabilidad. En el atrio papal del segundo anillo, al frente del histórico monumento al Cristo Redentor donde culminó la movilización. Allí, Vargas expresó que hay un “resentimiento” del Gobierno porque los técnicos de la Universidad “les han enseñado cómo se realiza un censo”.
El presidente Arce, a través de sus cuentas en redes sociales, insistió que existe “llamados para desestabilizar la democracia” y destacó los pronunciamientos en favor de su Gobierno. El fin de semana, Richter llegó a vincular el paro de Santa Cruz con supuestos afanes de desestabilización. Evo puso en duda ese criterio y dijo que no hay indicios de esos afanes.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anticipó que el informe del presidente tocará “aspectos sociales y económicos”, básicamente sobre los resultados de la gestión, la segunda del periodo legislativo de cinco años.
“Se prevé que el informe termine cerca de la hora del almuerzo y para la tarde, a partir de las 14:00, se realizará un desfile en que participarán organizaciones sociales” informó la autoridad. Este evento se desarrollará en la Plaza Murillo de La Paz y se prolongará toda la tarde para conmemorar el segundo año de mandato de Luis Arce. Pero, el clima político en el que se desarrollará el informe del Presidente prevé ser más complejo.
Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y representantes cívicos de Cochabamba instalaron ayer los dos primeros piquetes de huelga de hambre para exigir censo en 2023. Los diputados Miguel Roca, María José Salazar y Lissa Claros montaron su protesta en el salón multipropósito del Legislativo. A la par, cuatro personas comenzaron similar acción en la Iglesia San Francisco de La Paz.
En Tarija comenzó un paro en medio de reacción violenta por parte de afines al MAS.
Fuente: El Deber
