El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó esta mañana ante el Consejo Permanente de la OEA su informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos y muertes durante la crisis política de 2019 en Bolivia y ratificó que no dilucidó si hubo “golpe de Estado” o “fraude” porque no fue parte de su mandato.
“El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o un golpe de Estado ni tampoco consideró las denuncias que llegaron al final de nuestro mandato referidas a la participación de otros estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto por considerar estos asuntos no eran parte del mandato que habíamos recibido” explicó la experta Patricia Tappatá durante su intervención virtual.
La experta también ratificó que el grupo no sólo analizó los “graves eventos que ocasionaron la muerte del mayor número de víctimas sino que procuramos cubrir todos los hechos de violencia y vulneración de derechos ocurridos en el conflicto político”.
La respuesta ocurre en medio del desarrollo de una narrativa del gobierno de Luis Arce y su partido en sentido de que organismos internacionales como el GIEI ratificaron que Evo Morales fue víctima de un supuesto “golpe de Estado” en noviembre de 2019 impulsado por Jeanine Añez, expresidenta ahora detenida en la cárcel, líderes opositores, militares, policías, cívicos, países de la región, Iglesia Católica, OEA y hasta apuntó a la Unión Europea por la supuesta conspiración.
Julián Burger, miembro del GIEI, hizo énfasis en la inacción del Estado en la prevención de la violencia y la vulneración de derechos humanos al extremo de que varios periodistas fueron “perseguidos” por el mismo Estado.
También identificó que “la explosión de la violencia no fue inesperada sino precedida por discursos antagónicos” de los líderes políticos en un franco deterioro de la convivencia democrática en el país. Esa violencia dejó 37 personas muertas y cientos de lesionadas.
“Los líderes de ambos bandos no solo dejaron de fortalecer la democracia sino que llamaron a defender arbitraria y violentamente sus intereses políticos” denunció Burger.
Magdalena Correa, experta del GIEI, recordó que en el informe final se formularon al menos 60 recomendaciones como respeto al debido proceso y una investigación seria y efectiva.
“Se recomienda el juzgamiento y sanción de las personas responsables; reabrir los casos cerrados y priorizar las investigaciones que tienen que ver con violencia sexual o crímenes por razón de género”.
Fuente: Brújula Digital
