Tres exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada esperan desde diciembre del año pasado una respuesta del Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos, dependiente del Ministerio de Justicia, para retornar al país, amparados en las garantías ofrecidas por la presidente Jeanine Añez.
El exministro de Educación Hugo Carvajal informó que el 18 de diciembre junto Guido Añez y Jorge Torres Obleas, cumpliendo el procedimiento establecido por el gobierno, presentaron una carta a dicho Comité creado el 5 de diciembre del año pasado.
“Hemos presentados los tres una carta al Comité Interinstitucional pero hasta ahora no hemos encontrado o no hemos recibido ninguna respuesta concreta. Volver es uno de los objetivos de vida que tengo, estoy con mi mujer para volver ambos a Bolivia”, dijo Carvajal al periodista Iván Ramos de la red Erbol.
El 5 de diciembre de 2019, la presidenta transitoria y su ministro de Justicia Álvaro Coimbra presentaron en Palacio de Gobierno la resolución ministerial 140 creando dicho Comité para atender a las víctimas de la persecución de Evo Morales.
La norma se proponía el regreso de los exiliados políticos en un plazo no mayor a 50 días, a partir de la emisión de resoluciones individuales y también establecía que no serán aprehendidos y deberán presentarse ante los juzgados para purgar su rebeldía o asumir su defensa en los procesos en su contra con las garantías respectivas.
Según datos del mismo gobierno hay al menos 1.300 personas que están fuera del país en esa condición. Sin embargo de esa cantidad solo retornaron políticos conocidos como Manfred Reyes Villa y Mario Cossío para retomar la actividad política junto a Luis Fernando Camacho. El primero volvió a Estados Unidos y el segundo lo abandonó desde Tarija.
También volvió el exlíder cívico cruceño Branko Marinkovic que en principio estuvo cerca de Camacho y luego optó por sumarse al gobierno de Añez, donde actualmente ocupa el cargo de Ministro de Planificación del Desarrollo.
El gobierno de transición aclaró que la norma no favorecía a Gonzalo Sánchez de Lozada por estar acusado de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco a Evo Morales el ámbito de aplicación es a los casos suscitados en los 14 años de gobierno del MAS.
Añez dijo que no se atenderán delitos comunes, de lesa humanidad y tampoco de narcotráfico y cada caso sería analizado debidamente sin interferencias y de acuerdo al respeto de las leyes bolivianas.
Según el procedimiento las víctimas deberán recabar formularios en las representaciones diplomáticas del país y enviar su solicitud a través de una carta detallando sus datos personales y los motivos/circunstancias que tengan que ver con su persecución.
Preveía que 50 días para atender todo el trámite de los cuales 30 serían utilizados para el relevamiento de información y 20 más para emitir resoluciones individuales que tomarían en cuenta vulneraciones a sus derechos, sugiriendo se reconduzca los procesos judiciales.
La comisión está integrada por los viceministerios de Justicia y Derechos Fundamentales, de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; y los servicios de Defensa Púbica (Sepdep), de Atención a la Víctima (Sepdavi), para la Prevención de la Tortura (Sepret).
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