El asesor político Ricardo Paz Ballivián, que coordinó la campaña electoral de Carlos Mesa, fue convocado a declarar esta mañana (a las 11:00) por el Ministerio Público de La Paz en la investigación por el denominado caso ‘Golpe de Estado I’, que tiene como principal acusada a la expresidenta Jeanine Áñez.
La citación se produce horas después de que la exdiputada Lidia Patty (MAS) se sumara a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata para ampliar la denuncias por este caso en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Waldo Albarracín. Los opositores son acusados de alzamiento armado, atribuirse derechos del pueblo, seducción de tropas e instigación pública a delinquir.
Precisamente, los nuevos acusados solicitaron incluir en el proceso a la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y la segunda vicepresidenta de Diputados Susana Rivero, ambas del MAS, que renunciaron a sus funciones en noviembre de 2019, tras la dimisión de Evo Morales y de Álvaro García Linera, acusados de fraude electoral, situación que provocó un vacío de poder durante la crisis política y social de ese año.
El memorial enviado por la Fiscalía para ampliar la acusación señala que con el fin de esclarecer y sancionar a los responsables de los hechos ilícitos mencionados solicita la ampliación de la denuncia por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía, atribuirse derechos del pueblo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir en el grado de autores, en contra de los mencionados anteriormente.
La Fiscalía General dijo oficialmente a este medio que la ampliación de la investigación en contra de los opositores está “en análisis”, pero los fiscales Omar Mejillones y Carmelo Laura, en base al caso Golpe I (terrorismo, sedición y conspiración) citaron a Ricardo Paz, a declarar como testigo.
Carlos Mesa se manifestó a través de su bancada de Comunidad Ciudadana. El diputado Marcelo Pedrazas señaló que este es un proceso político que tiene el objetivo que acabar con la oposición.
Coincidió con el exdefensor del pueblo y exrector de la UMSA Waldo Albarracín, quien señaló que el primer acusado en este caso debiera ser Evo Morales, quien cometió un fraude electoral. Sin embargo, “hubo una transición constitucional que se quiere eliminar con esta teoría del golpe, en base a unas reuniones que se realizaron en la Universidad Católica, que fueron convocadas por la Iglesia católica. Ningún obispo está en el proceso, como tampoco están la embajada de la Unión Europea, ni la ONU, que formaron parte de este proceso de pacificación”.
Albarracín señaló que él estuvo media hora, el 10 de noviembre, y luego se retiró porque le quemaron su casa. “De ese hecho no hay investigación ni culpables”, dijo.
Pedrazas acotó que en este proceso también deberían responder Adriana Salvatierra y a Susana Rivero, “quienes cometieron el delito de incumplimiento de deberes por no asumir la Presidencia del Estado y escapar de la sucesión que les correspondía. También pidió que se investigue al fiscal general, Juan Lanchipa, quien en 2020 declaró que hubo una sucesión constitucional, pero ahora se le olvidó”, acotó. Quiroga y Doria Medina prefirieron no comentar.
Este medio informó la semana pasada que tras la sentencia de Jeanine Áñez a 10 años de prisión por el caso Golpe II, la estrategia de los acusadores para sumar acusados iba a ser apuntar al proceso ya abierto (Golpe I), no iniciar otro.
Uno de los ejes de la sentencia fue precisamente que Salvatierra y Rivero no habían presentado sus cartas de renuncia. El Tribunal Primero de Sentencia no tomó en cuenta como prueba en el juicio el informe de la Iglesia, que reporta precisamente que las dos exlegisladoras que estaban en la línea de sucesión se negaron a asumir el mando y priorizaron la salida de Evo Morales del país.
En el memorial presentado por Patty, manifiesta que “se gestó una reunión donde habían decidido nombrar de manera ilegal a Áñez como presidente del Senado para autoproclamarse”.
Relata que con ese objetivo, desde la Universidad Católica Boliviana, el 10 de noviembre de 2019, poco después de la renuncia del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, “personas sin facultad ni competencia” confabularon para que eso suceda.
“Jorge Quiroga tenía comunicación constante con el comandante de la Fuerza Aérea y autorizaba los vuelos presidenciales, así como en la reunión Carlos Mesa mencionó el nombre de Jeanine Áñez como presidente de Bolivia, tal como declaró Teresa Morales, exministra de Evo Morales”, que participó de esas reuniones junto a Salvatierra y Rivero. “Así se orquestó, digitó y ejecutó el plan para deponer a un gobierno democráticamente electo y subvertir el orden constitucional”.
Fuente: El Deber
