El exrector de la UMSA fue citado en diciembre pasado, pero no se presentó a prestar su declaración informativa.
La Fiscalía General del Estado emitió el lunes una orden de aprehensión contra el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, por el presunto delito de “abandono de embarazada”, reportó en sus redes sociales Bolivia TV.
En la orden de aprehensión se señala que Albarracín fue notificado por edicto el 7 de diciembre de 2021, con el fin de que preste su declaración informativa, pero luego de superar el plazo establecido no se hizo presente.
La denuncia fue presentada por Janeth Zuleica Alanoca Paredes, quien pide procesarlo por el presunto abandono de embarazada.
En marzo de 2021, Alanoca denunció que Albarracín la dejó embarazada y luego abandonó a su bebé de cinco meses y medio, que en ese entonces se encontraba en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Ante el riesgo de que la niña muera, la madre decidió hacer pública la acusación.
En agosto del mismo año, la jueza Lily Tarquino determinó que Albarracín debe pagar 500 bolivianos como asistencia familiar para Alanoca y su hija.
El hijo de la exautoridad, Franco Albarracín, dijo que no fueron notificados y que en el sistema del Ministerio Público tampoco se encontraba la orden de aprehensión, reportó a ANF.
“La orden fue emitida sin previa notificación domiciliar. En consulta con la Fiscalía habrían dejado supuestamente notificaciones en los escombros del domicilio que fue incendiado en Cota Cota el año 2019, lugar donde obviamente ni Waldo ni su familia actualmente viven”, cita un comunicado de los abogados de la exautoridad universitaria.
Observaron que la Fiscalía emita una orden de aprehensión por un proceso penal “sabiendo que, por el mismo caso existe un test de paternidad pendiente que se realizará ante un juez de familia. Este proceso ha sido iniciado por Waldo en contra de una persona que, sin ningún tipo de pruebas, afirmó que Waldo no estaría reconociendo un supuesto hijo”.
Precisaron también que el exrector inició el proceso ante el juez de familia “debido a que la denunciante, en más de 10 ocasiones, se rehusó a realizar el test de paternidad”.
Fuente: Página Siete Digital
