A casi un año de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el experto en Derechos Humanos, Franco Albarracín le dijo al Mecanismo Especial de Seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no hubo ninguna reparación integral a las víctimas de la crisis política y social, desatada tras el fraude de las elecciones de octubre de 2019, y que el Gobierno se limitó a la indemnización a parte de las víctimas y a perseguir políticamente a otras.
El 10 de noviembre de 2019, simpatizantes del MAS quemaron la casa del entonces rector de la UMSA y ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. A pesar que más tarde se aprendió a los principales responsables y hubo una imputación en su contra, luego el caso fue rechazado a solicitud de la fiscal Alejandra Claros Pardo, recordó Franco Albarracíon, quien denunció además la pérdida del cuaderno de investigaciones.
“Justo en este caso en específico me reuní con la CIDH, con el Mecanismo Especial de Seguimiento, que se ha constituido para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI y están preocupados por ver si hubo avances en las investigaciones, si el Gobierno se nos ha acercado para ayudarnos, o si hemos sido parte del censo de víctimas”, afirmó en entrevista con Brújula Digital.
Según el hijo del exrector, también jurista y especialista en defensa de los DDHH, hasta la fecha no hay un censo oficial de las víctimas de la crisis de 2019, pues la Defensoría maneja un número, las ONG otro, el Alto Comisionado de la ONU otro, y así sucesivamente. En ese marco dijo que no hay un número exacto de víctimas, sino un aproximado de fallecidos y heridos.
“Lo que le hemos dicho a la CIDH que en los últimos años, es que en el caso de Waldo no solo ha sido víctima del incendio de nuestra casa, sino también fue víctima semanas antes de un golpe con un fierro en su cabeza, con la clara intención de matarlo, por eso presentamos una denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía lo archivó”, señaló.
Albarracín informó que en la reunión sostenida con la CIDH el 27 de junio, señaló que en el caso del incendio provocado a su casa en la zona de Cota Cota, si bien durante las primeras semanas hubo un avance, un esfuerzo de la Fiscalía por identificar a los autores, porque se aprehendió a 400 personas, y luego cinco fueron reconocidas de haber comandado la quema, luego el caso se diluyó.
Fue incluso en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que la investigación se fue cayendo poco, al extremo de que todas las personas que fueron aprehendidas en su momento están libres actualmente.
“La Fiscalía liberó a los principales imputados, que eran militantes del MAS, y ha solicitado que se rechace el caso, y está pidiendo que no se responsabilice a estas personas, a pesar que hubo personas que los vieron dirigir la quema. Nosotros hemos impugnado esos rechazos, pero el cuaderno de investigaciones se ha perdido nadie sabe dónde está”, reveló a este medio.
Con el cuaderno de investigaciones perdido, que supuestamente estaba en la oficina Régimen Disciplinario, se denunció a la Policía Departamental, pero el Ejecutivo nunca se acercó a la familia para algún tipo de reparación. “Una vez vino un funcionario de la Fiscalía, lo hizo casi de forma clandestina y me pidió que no lo haga público, aceptamos que nos apoyen, pero no respondieron nada”, indicó.
Persecución política
En el caso del Órgano Ejecutivo, Albarracín hijo fe claro en denunciar, que en lugar de buscar algún tipo de reparación a la familia, se puso en campaña para realizar una persecución política en su contra.
“De parte del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo ha sacado tuits indicando que lo iba a denunciar a Waldo por el caso “golpe” porque encontraron escudos en la universidad, ignorando que Waldo ya no es rector desde el 2019”.
Y en el caso del ministro de Justicia, Iván Lima lamentó que haya impulsado un falso caso de abandono de mujer embarazada en contra de su padre, y no ha tenido ni siquiera la dignidad de retirar el caso después de que la prueba de ADN del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) demostrara que Waldo no es el papá de ningún menor.
“Y la Fiscal asignada al caso del incendio que ha paralizado todo y que ha impulsado que se libere a los principales imputados, es la misma fiscal que ha impulsado el proceso contra Waldo, por el supuesto abandono de mujer embarazada”, denunció.
“Es una primera reunión; lo que vamos a tener es una serie de reuniones con la CIDH, no solo con nosotros, sino con todas las víctimas y van a escuchar también al Estado, sacarán informes y documentos para informar si se están cumpliendo o no las recomendaciones. Esperemos que la CIDH haga algo al respecto”, aseveró.
En el caso de la periodista Casimira Lema, quien también sufrió la quema y destrozo de su casa, dijo que lo más probable es que también sostenga reuniones con la CIDH, pero que lo que conoce es que lejos de haber tenido garantías de permanencia en su fuente de trabajo en TVU se quedó sin empleo.
La reparación se limitó a indemnización ´A pesar de que las recomendaciones a favor de las víctimas del 2019-20 de parte del GIEI fueron claras, Franco Albarracín dijo que el Estado se limitó a la indemnización económica y no a la reparación de manera integral, lo que involucra aspectos relacionados con la restitución, temas morales, lógicos, incluso estructurales.
“Dentro de estas reparaciones se deberían establecer medidas de restructuración a deficiencias del propio Estado y que impiden la restructuración integral para las víctimas. ¿A qué me refiero? a modificaciones a la Policía y cómo reacciona la Policía para enfrentar conflictos y el uso excesivo de la fuerza, lo propio con la Fiscalía y el Órgano Judicial”, sostuvo.
Recordó que GIEI recomendó la restructuración y reforma profundas de la Fiscalía y el sistema judicial, instancias que han sido deficientes para investigar las violaciones a Derechos Humanos en el país. “Y por el contrario, han actuado como un martillo, un arma del Gobierno de turno para perseguir a las víctimas y también a opositores, defensores de DDHH y periodistas”, señaló.
En ese contextro concluyó que no hubo reparación, ni siquiera para las víctimas de Senkata y Sacaba porque hubo retraso en resolver la situación de estas personas. “Lo que hay actualmente son acciones concretas de indemnización, pero no de reparación integral y es lo que exigen las víctimas y eso también se traduce en las expresiones de las mismas víctimas que son críticas con el mismo Gobierno”, dijo.
El reducir la reparación integral a una simple remuneración económica, según Albarracín, es “deshumanizar a las víctimas” y al conflicto y las violaciones a las que fueron sometidas; es evitar el fondo y no solucionar el problema.
“La indemnización es una parte muy pequeña de la reparación integral, sobre todo de quienes han perdido un familiar, es lo que menos les importa. Hay aspectos relacionados con la búsqueda de la justicia, la restitución, con las garantías de no repetición”, observó.
Y al hablar de las víctimas de Sacaba, Senkata y Huayllani dijo que representan la mitad de las víctimas de los fallecidos. “Casi la mitad han ocurrido en la gestión de Evo Morales y la otra mitad, quizás el 60% en la gestión de Jeanine Áñez”, dijo.
Insistió que la mayor cantidad de heridos ocurrió durante la gestión de Evo Morales, entonces se estaría hablando de una porción de las víctimas que ha recibido una indemnización económica.
“Este aspecto crítico de la reparación se refiere apenas de una porción de las víctimas, y de los cientos de heridos y fallecidos que ocurrieron en la gestión de Evo Morales no existe absolutamente nada. Más bien existe persecución política”, acotó.
Fuente: Brújula Digital
