En diciembre de 2015, el gobierno del MAS promulgó la Ley 767 que permitía confiscar a las regiones y universidades el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), bajo el argumento de promocionar la exploración y explotación de los hidrocarburos.
En ese contexto, Parada explicó que, hasta el momento, ese dinero confiscado no fue utilizado y se encuentra en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que evidencia que la Ley 767, solo fue una medida aprobada políticamente por el MAS para dejar sin dinero a las subregiones.
Ahora, con la Ley 1307, se autoriza de forma «temporal» el traspaso de hasta $us 200 millones en favor de gobernaciones, municipios y universidades, en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre de 2020.
No obstante, el ministro de Economía dijo que esa confiscación no fue la única que promovió el MAS cuando fue gobierno, sino que desde el 2008 se retiraron de forma discrecional recursos de las entidades territoriales autónomas, por un monto acumulado de $us 3.000 millones.
«Con estos datos reales de confiscación de casi $us 3.000 millones a los departamentos, municipios y universidades, se demuestra que al gobierno del MAS nunca le interesó la salud del pueblo boliviano, porque lo destinó a otros gastos que cubrían su déficit y el despilfarro», remarcó.
Para el ministro de Economía, el MAS utilizó, en el pasado, a su mayoría parlamentaria para dejar sin recursos a las regiones y, en la actualidad, replica el mismo mecanismo para desestabilizar la economía, al no aprobar los créditos que se gestionaron «con mucho esfuerzo» de organismos internacionales, con el objetivo fortalecer la lucha contra el Covid-19 en el país.
El Alteño.
