El viceministro Nelson Cox dijo que la Policía y el Ministerio de Gobierno iniciaron procesos de oficio contra los organizadores del paro cívico en Potosí.
El Gobierno impulsa por lo menos siete procesos judiciales contra líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, además de ciudadanos que bloquearon los días de paro cívico en contra de la Ley 1386, abrogada el 17 de noviembre mediante la norma 1409.
En el caso de Santa Cruz, el Ejecutivo, legisladores y organizaciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron querellas ante el Ministerio Público contra el cívico Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y ayer el Ministro de Obras Públicas puso otras dos denuncias contra los “volqueteros” y vecinos que bloquearon el Sexto Anillo de la ciudad cruceña.
Hasta la fecha, Calvo enfrenta dos procesos por la presunta comisión de los delitos de sedición, atentado contra la libertad de trabajo e instigación a delinquir entre otros.
El primer proceso a los actores del paro fue anunciado el lunes 15 de noviembre por un grupo de legisladores del MAS liderados por la diputada Estefanía Morales. El segundo proceso lo hizo el abogado Aldo Michel a nombre de 14 organizaciones sociales del partido en gobierno.
El tercer proceso que presentó el MAS es contra Calvo y se da por la presunta comisión de abandono laboral, daño económico al Estado y enriquecimiento ilícito. Éste fue impulsado por el diputado Rolando Cuéllar (MAS).
La cuarta denuncia es del director de Emapa, Franklin Flores, quien anunció una querella contra Calvo y “todo el Comité Cívico” por impedir el paso de camiones de alimentos.
La quinta y sexta denuncia las presentó ayer el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño quien se querelló contra los bloqueadores. La primera apunta a los propietarios de vehículos que echaron arena en las carreteras, mientras que la segunda es por presunto secuestro contra su persona en el Sexto Anillo.
En Potosí, el martes 16 de noviembre, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, llegó hasta la Villa Imperial para impulsar las investigaciones por los hechos suscitados en el paro cívico y dijo que ya se abrieron procesos de oficio, pero no precisó cuántos.
“Nuestra Policía Boliviana ha abierto casos de oficio. (…) Nuestro Ministerio de Gobierno va a acompañar. (…) Si en Potosí ha existido situaciones con tinte sedicioso, el Ministerio Público lo va a esclarecer”, dijo Cox.
Los anuncios de procesos contra los cívicos emergieron luego de la muerte del joven Basilio Titi, quien era parte del grupo de choque que lideraba el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali.
“No se toca a ningún dirigente cívico, comité de movilización, ni a dirigentes de las organizaciones sociales con ninguna persecución judicial ni política”, dice una de las conclusiones que emitieron los cívicos potosinos.
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: Página Siete
