El Parlamento de las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia solicitó una audiencia con el Relator de la ONU, Diego García-Sayán, que hoy finaliza su visita al país, pero no fue posible pese a que gestionaron el encuentro con la Cancillería boliviana antes de su llegada.
El objetivo de la reunión era presentar una invocación de las naciones y pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía y denunciar la injerencia del Gobierno en la justicia originaria y en las organizaciones de los pueblos indígenas.
Celso Padilla, secretario de Coordinación Permanente del Parlamento Indígena, explicó que el Estado no respeta la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Constitución, es decir se da mayor relevancia a otras jurisdicciones como la ordinaria ahora cuestionada por injerencia y corrupción.
“Hemos hecho llegar nuestra solicitud 11 días antes de que llegue el Relator mediante la Cancillería, inicialmente queríamos hacerlo directamente, pero nos indicaron que la vía era la Cancillería, pero se ha detenido una semana y luego de tanto insistir le han pasado al Ministerio de Justicia y luego nos dieron un número de teléfono para que se nos atienda” lamentó Padilla en diálogo con Brújula Digital.
García-Sayán se reunió con varios actores entre autoridades de Gobierno, justicia, abogados, autoridades subnacionales y víctimas, pero no así con los indígenas que además protagonizaron en 2021 la marcha de Trinidad a Santa Cruz exigiendo respeto a sus territorios y la autodeterminación.
Como el Relator no puedo escucharlos ahora pretenden enviar documentación e informes directamente a la oficina de la ONU en Ginebra, aunque hay la promesa de una audiencia virtual que no tiene hora ni fecha.
Al margen de la injerencia en la jurisdicción indígena, el Parlamento indígena pretendía denunciar a García-Sayán que el gobierno de Luis Arce no respeta la estructura de las organizaciones de las naciones indígenas, promueve el paralelismo y promueve la persecución a quienes no comulgan con el partido MAS.
“Es injusto, el Relator tiene que conocer estos hechos, por eso es importante la audiencia y no debe ser cómplice de la injusticia” demandó Padilla.
Después pretenden hacer conocer al Relator que después de 37 días de marcha y más de 60 días de vigilia en la ciudad de Santa Cruz, los indígenas no fueron escuchados por el Gobierno y los otros poderes del Estado convocados como el Legislativo, Judicial y Electoral. Fueron ignorados.
También pretenden denunciar que los territorios de los pueblos indígenas sufren avasallamientos constantes ante la inacción del Estado por lo que los indígenas se ven obligados a migrar a la ciudad y los que enfrentan son procesados y llevados ante la justicia ordinaria.
Según Padilla hay más de 25 dirigentes indígenas detenidos en la cárcel de Palmasola por defender sus territorios, “lo que demuestra un grave desconocimiento de la jurisdicción indígena” lamentó.
Fuente: Brújula Digital
