César Muñoz aseguró que no ha habido “ningún avance” en la reforma de la justicia, mientras las muertes en Sacaba y Senkata continúan impunes.
El investigador principal de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, afirmó este martes que el presidente Luis Arce hizo “caso omiso” a las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado agosto. Este miércoles la comisión presentará el informe ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“El GIEI-Bolivia presentará el 2 de marzo ante la OEA su importante informe sobre las violaciones de derechos humanos y actos de violencia cometidos a finales del 2019. A la fecha, sus recomendaciones siguen pendientes de implementación”, escribió Muñoz en sus redes sociales.
Aseguró que continúan impunes tanto “las masacres” de Sacaba y Senkata y otros actos de “torturas” cometidas durante el gobierno de Jeanine Áñez, como los ataques contra manifestantes opositores durante la gestión de Evo Morales.
De igual forma consideró que no ha habido “ningún avance” en la reforma de la justicia “para hacerla verdaderamente independiente y efectiva”, ya que jueces y fiscales “continúan expuestos a presiones políticas”, mientras la definición legal “amplia y vaga” de terrorismo y otros tipos penales sigue permitiendo su uso “arbitrario”.
“Luis Arce ha hecho caso omiso de las recomendaciones del GIEI-Bolivia. Urge crear no solo el anunciado mecanismo internacional de seguimiento sino también un mecanismo nacional con amplia participación de la sociedad civil para impulsar la aplicación de las recomendaciones”, finalizó.
El GIEI concluyó en su informe final que hubo vulneración a derechos humanos en los gobiernos de Morales y Añez, tras una investigación de aproximadamente seis meses sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Respecto al sistema judicial, el grupo de expertos identificó “problemas estructurales endémicos” entre los que se incluyen la falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad.
Fuente: Página Siete Digital
