Se acrecienta la división en el MAS. El ala de Evo Morales denuncia una supuesta arremetida desde el Gobierno contra los “leales” al Movimiento Al Socialismo. El Ejecutivo niega las acusaciones y procesos “armados”.
Se acrecienta la división en el MAS. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) solicitó informes sobre los bienes en Cochabamba del diputado Héctor Arce y del exviceministro Nelson Cox junto a su esposa, según denunciaron ambos militantes del MAS. El ala ‘evista’ considera que hay una arremetida desde el Gobierno y un plan para “acallar” al “bloque fiscalizador” de la gestión de Luis Arce.
A esto, se suman los despidos en dependencias de tres ministerios. Sin embargo, el Ejecutivo negó cualquier tipo de persecución.
Nelson Cox, exviceministro de Régimen Interior y Policía, denunció que luego de mostrar una postura crítica al Gobierno estarían intentando acallarlo, a través de un proceso “armado” por legitimación de ganancias ilícitas.
“El ministro de Justicia ha instruido y está usando a las UIF para que hagan actos ilegales en mi contra. Se ha cursado una nota a la alcaldía para que se dé certificación de cuántos bienes uno tiene, qué actividades económicas tengo, si pago impuestos o no, no solo de mí, sino de mi esposa y de la familia. Estos actos cobardes solo develan esa actitud traidora y desvergonzada de autoridades de Gobierno y que quieren hacer daño a muchos que estamos firmemente creyentes”, sostuvo la exautoridad, que se declaró víctima.
Casi al mismo tiempo, el diputado Héctor Arce apareció en los medios de comunicación acusando al ministro de Justicia, Iván Lima, por instruir a la UIF una investigación sobre sus bienes.
El parlamentario dijo que no solo indagan a Cox, sino a Evo Morales.
“Nos están investigando para ver cuánto de patrimonio tenemos, cuántos bienes tenemos registrados en caso de los tres en la ciudad de Cochabamba, en virtud que hemos sido críticos a esta gestión de mediocridad en varios ministerios y corrupción alarmante”, refutó con molestia.
Agregó que existen 13 denuncias en proceso de investigación en el Ministerio Público, cinco demandas en la Contraloría General del Estado y seis en el Ministerio de Justicia, a través del viceministerio de Transparencia.
En contacto con El Deber, el diputado dijo que solicitó al ministro Iván Lima que lo ayude a investigar hechos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y “siempre se negó”, sostuvo.
“Ayúdeme con la Aduana, con Segip y no le dio la gana y ahora mandan a la Alcaldía de Cochabamba una nota en el que se certifica bienes y propiedades de Héctor Arce”, apuntó.
Sobre esta supuesta persecución como también denunció el diputado evista Anyelo Céspedes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó dicha acusación y dijo que esperan que se demuestre la supuesta reunión entre el fiscal general Juan Lanchipa, algunos periodistas y el jefe de Estado, Luis Arce.
“Bueno lo demostrará (la supuesta reunión de Juan Lanchipa y presidente Arce para perseguir a los que responde al ala evista), yo no tengo conocimiento de aquello. El presidente Luis Arce está trabajando, está realizando una gestión, está reunido y tiene varios temas a desarrollar. Recuperar la destrucción que hubo en Santa Cruz.
Cada denuncia que se presenta en el marco de que se tiene que realizar, tiene que sustentarla y tengo entendido que hay denuncias contra el diputado (Anyelo Céspedes)”, respondió la autoridad.
El líder del MAS no dudó en contestar y dijo “con doble moral públicamente anuncian que no preparan juicios ni persecuciones contra dirigentes y militantes del MAS-IPSP. Pero por debajo la mesa y en el anonimato de las redes sociales ejecutan nuevos ataques para tratar de defenestrarnos. La traición se esconde en la mentira”.
Despidos
El legislador oficialista Gualberto Arispe denunció que funcionarios públicos, que son parte del ala ‘evista’ o del grupo de los “leales” como los denominó el líder del MAS, son despedidos de los ministerios y hasta del Legislativo.
Al respecto, el diputado Arce informó a este medio que existe un lineamiento desde el Órgano Ejecutivo para despedir al entorno de Evo Morales y recordó las palabras del vicepresidente David Choquehuanca en un evento en Tiquipaya: “ustedes nunca van a ser ministra ni ministros, directores de empresas si no despedimos al entorno de Evo Morales sino destruimos la vieja rosca”, lo parafraseó.
“Para ellos la renovación es pega. Eso se está cumpliendo y están usando la palabra ‘hay que limpiar’ a todo servidor público del entorno de Evo Morales”, manifestó.
Arce contabilizó al menos tres despidos de sus compañeros. En La Paz, Adolfo León, fue destituido como director nacional de Fonabosque. En su reemplazo, según el portal de Facebook, ingresó Delfín Reque Zurita.
El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Cochabamba, Rimer Ágreda también habría sido apartado de su cargo al igual que Esteban Ramírez de la regional de Cochabamba de Vías Bolivia.
“El Segip es del Ministerio de Gobierno, Fonabosque del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, el compañero de Vías Bolivia era dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Uno claramente se da cuenta que son de la línea de Choquehuanca bajo instrucción de Arce Catacora”, denunció el parlamentario.
Por otro lado, denunciaron descuentos por “faltarse” a una sesión donde se eligieron a las directivas en Diputados.
El diputado Ramiro Venegas recordó que había una convocatoria para que se reinstale esa sesión el lunes y no así el viernes 4 de noviembre, día en que se eligió a las directivas y al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, también del MAS.
Los descuentos entre Bs 3.700 a Bs 3.800 se hicieron a cerca de 35 parlamentarios.
Por su lado, Arispe anunció que pedirá a Tesorería de la dirección nacional de su partido un informe, porque los ‘renovadores’ no realizan sus partes de hasta el 3% como establece su estatuto.
Mientras, el MAS prepara para el 18 de diciembre una gran concentración en Sacaba para recordar el triunfo del partido azul y para fortalecer la unidad que se ha visto desgastada los últimos meses por las peleas internas.
Fuente: El Deber