La expresidenta transitoria fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en su natal Beni. Se abrieron tres casos en su contra y está detenida preventivamente. A la fecha, la medida cautelar se amplió más de dos veces y, según su defensa, fue sin justificación.
Con tres casos en su contra, dos de ellos de avance lento y uno a puertas de iniciar el juicio oral (el 28 de marzo), la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, de 54 años, cumple hoy un año detenida de manera preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, luego fue imputada por los casos golpe I, en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración; y por el golpe II, que es imputada por asumir la Presidencia de manera presuntamente inconstitucional en noviembre de 2019, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que escapó a México después de que la OEA lo acusara de incurrir en fraude en los comicios de ese año.
Áñez fue enviada a la cárcel inicialmente por cuatro meses, luego se ampliaron a seis y, recientemente, por otros tres meses más.
En ese tiempo sus familiares denunciaron persecución política, abuso de la detención preventiva y otras irregularidades que habría cometido la justicia “servil al partido oficialista”. Asimismo, se emitieron varias alertas por el estado de salud de Añez, quien incluso intentó atentar contra su vida.
“Le aplicaron de una forma amañada las medidas cautelares. En todos los procesos han ido ampliándole la detención preventiva. Por eso ya es un año del secuestro que vive Jeanine Añez por parte de la justicia masista”, denunció Jorge Valda, uno de los cuatro abogados que integran la defensa de Áñez.
El juicio oral por el caso donde se la acusa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, e incumplimiento de deberes, que habrían sido cometidos previamente a la posesión como jefa de Estado en noviembre de 2019, iniciará el 28 de marzo.
Los querellantes en este proceso son el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su par de Justicia, Iván Lima, además del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS).
Argumentos del Gobierno
Los argumentos del Gobierno para enjuiciar a Añez son que ella en su calidad de senadora se habría autoproclamado presidenta sin quórum en la Asamblea Legislativa y sin respetar los procedimientos constitucionales para asumir el cargo.
Los días previos al 12 de noviembre de 2019, fecha del inicio del interinato, los directivos de la Asamblea Legislativa, miembros del oficialismo, renunciaron a sus cargos y denunciaron que fueron obligados a hacerlo para proteger su integridad y la de sus familias. Más tarde algunos admitieron que siguieron órdenes de su propio partido para renunciar.
Asimismo, el Gobierno arguye que el expresidente Evo Morales renunció por la presión y la convulsión social propiciada por los dirigentes cívicos, además que ya no contaba con la protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que se habían amotinado e incluso sugirieron dimitir de su cargo al entonces mandatario.
“Yo creo que Áñez es la prueba de todo el proceso de sedición. Ella peca de tonta porque nadie la respalda y ninguno de esos que la utilizaron no la respalda. Ella termina siendo la prueba de todo el proceso de sedición y golpe de Estado, aseguró el exsenador del MAS Omar Aguilar.
Una de las críticas a este juicio y denunciado por las mismas víctimas de Senkata es el manejo de la imagen de los afectados en las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani para impulsar esta demanda. Los familiares de las víctimas denunciaron a este medio que están a la espera de un juicio específico para encontrar a los responsables e identificar a quiénes dispararon, hirieron y detuvieron en El Alto.
“Lo que sí debería hacer el Gobierno actual es esclarecer y pensar en las víctimas de la masacre. ¿Qué han hecho por nosotros, quién se preocupa por nosotros?, nadie. Bien nos usan cuando les conviene, para cualquier actividad, nos usan como banderas”, reclamó la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle.
Al respecto, el senador del MAS Rubén Gutiérrez explicó que la denuncia tiene una relación de causa y efecto. Por tanto, las masacres serían consecuencia de la presunta autoproclamación. Señaló que no pueden interpretarse de manera aislada.
Defensa de Áñez
Para la defensa de Jeanine Áñez, el Gobierno no ha demostrado de forma efectiva y creíble la presunta autoproclamación. Alegan que su defendida sufre persecución política y está a merced de una justicia “servil” al partido de Gobierno.
Sobre los procesos, el jurista Jorge Valda señaló que el caso golpe II fue abierto para subsanar los errores del caso golpe I. Denunció que Áñez nunca declaró para el segundo caso y solo utilizaron la primera declaración en la denuncia interpuesta por la exdiputada Lidia Paty (MAS). También afirmó que los argumentos del Gobierno son los mismos en ambos casos y, pese a ello, no se reduce a un solo proceso y se le amplía de manera irregular la detención preventiva.
Las pruebas presentadas por Añez en el proceso por resoluciones contrarias a la ley son el reconocimiento del Tribunal Constitucional, cuando a solo minutos de su proclamación dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente.
La defensa menciona que también, mediante la promulgación de la Ley de Elecciones 2020 con la venia de la Asamblea Legislativa, se constata el reconocimiento de su mandato.
Valda afirma que tanto el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como el mismo fiscal general del Estado admitieron a Áñez como presidenta. En el caso de Juan Lanchipa, este habría presentado un informe el 8 de octubre al Legislativo reconociendo a Jeanine como mandataria.
“Todas esas autoridades el TCP, OEP, Asamblea, Fiscalía reconocieron la legalidad y la institucionalidad de la asunción de mando de Áñez. El mismo Luis Arce dice en una entrevista pública, cuando le preguntan si la asunción era constitucional o ilegal, Arce dice que fue constitucional. Luego lo niega, pero esa es la hipocresía del masismo”, sostuvo Valda.
Por Karem Mendoza
Fuente: El Deber
