El Ministerio de Salud envió una brigada a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia tomada desde hace 50 días por personas afines al discurso del Gobierno, mientras el MAS descalificó las denuncias de Camacho.
Luis Fernando Camacho fue elegido gobernador por voto popular y actualmente ejerce funciones desde prisión. La autoridad es uno de los líderes de oposición que en los últimos siete meses sintió “la mano dura del Estado”.
Su familia denunció varias veces la vulneración de derechos, pero estas cobraron mayor fuerza tras la difusión de una conmovedora foto de la en la que luce demacrado y muy delgado. No fue el único reclamo y ayer reflotaron otras quejas por “el trato inhumano” que recibieron los adversarios del MAS desde que esta fuerza política retornó al poder por efecto de las elecciones de 2020.
En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador aseguró que “están dañando la salud de su padre” en la cárcel de Chonchocoro. Asimismo, su abogado, Martín Camacho, afirmó que la Dirección de Régimen Penitenciario lo mantiene aislado. “Los hijos, la esposa y toda la familia del gobernador Luis Fernando Camacho agradecemos las palabras de solidaridad y preocupación, tras ver la imagen de mi padre en Chonchocoro. Están dañando la salud de nuestro padre”, dijo su hijo.
Asimismo expresó su rechazo a la posición del Gobierno, “que mantiene secuestrado. Él hasta hoy nunca recibió una atención de salud adecuada. Fue secuestrado sin consideración a que padece una enfermedad de base”.
A ello se suma que le restringen las visitas, como dijo Zvonko Matkovic a EL DEBER.
“Estamos haciendo esfuerzos suficientes para buscar el bien mayor, que es su estado de salud”, respondió el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, respecto a la situación de Camacho. El Gobernador sufre de “hipogamaglobulinemia y el síndrome de Churg-Strauss”, dos enfermedades de base que comprometen el sistema autoinmune y que requieren atención médica especializada.
“Cualquier complicación, cualquier cosa que necesite el señor Luis Fernando Camacho, inmediatamente se va a cubrir por los convenios que se tienen a nivel de Régimen Penitenciario con hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel u otros hospitales, detalló Mariana García, responsable de salud de Régimen Penitenciario. Empero, el mismo Camacho señaló que impiden que pueda ver a sus médicos.
“Todos los políticos mañudos en el país o se enferman o se desmayan o se demacran”, señaló por su parte el diputado Gualberto Arispe del ala ‘evista’ del MAS.
La representante salud de Régimen Penitenciario dijo que todos los intentos de revisar la salud del Gobernador están documentados en un historial médico. Detalló que le ofrecieron servicios de fisioterapia, cardiología, gastroenterología, además de una ambulancia equipada para atender terapia intensiva”.
García aseguró que diversos especialistas médicos visitaron a Camacho en Chonchocoro, pero que éste se negó a ser atendido. “Lamentablemente rechazó las visitas, eso también está en el historial clínico, con día, hora y fecha para que pueda tener constancia de la visita de estos especialistas”, afirmó.
La familia pidió dos cosas: “una evaluación integral, en un centro especializado, por una junta médica, con participación de especialistas designados por nuestra familia”. Segundo, “como cualquier ser humano, y como expresa la ley, reciba visitas de manera abierta sin restricciones”.
En otro lugar de La Paz está la activista por los DDHH, Amparo Carvajal, que lleva 50 días de vigilia a la intemperie, quien fue despojada de la sede de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por un grupo de personas lideradas por Édgar Salazar, vinculado al MAS. De hecho, el dirigente acusó a Carvajal de estar alineada con la oposición y descartó que haya “presos políticos”.
“Hay una vulneración flagrante y sistemática por parte del Estado”, cuestionó ayer Manuel Morales desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Señaló que los “tratos inhumanos” van de la mano con la “destrucción del tejido social” que promueve el MAS con el propósito de instalar temor en el país para que no haya críticas al Gobierno y se anulen otras visiones políticas.
“No son temas aislados. Estos tratos crueles e inhumanos de las personas que están detenidas y la represión violenta a movilizaciones son parte de un plan. A esto se suman las acciones políticas del Ministerio Público que, de manera sistemática, acepta causas y rechaza otras.
Entonces, es un esquema de guerra y de subordinación del poder judicial a los intereses del Gobierno”, afirmó. Recordó el caso de Marco Aramayo, el director del Fondo Indígena, quien denunció corrupción por el manejo irregular de esos recursos por parte de sectores afines al MAS. Aramayo murió en 2022 en prisión tras enfrentar 256 juicios en todo el territorio nacional. Estuvo tras las rejas desde 2015 y hay evidencias de torturas y vejámenes que sufrió. El caso ya fue planteado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), según explicó su abogado Héctor Castellón.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo estableció que el dirigente cocalero de Yungas, César Apaza, “sufrió trato cruel y degradante”, además de lesiones, por parte de la Policía cuando fue aprehendido en septiembre de 2022. Recomendó iniciar un proceso disciplinario, pero el caso no avanzó. Apaza fue enviado a Chonchocoro y tuvo que ser enviado a un hospital público por un tiempo.
El mes pasado fue devuelto a prisión a pesar de su delicado estado de salud. Enfrenta 15 juicios y la Fiscalía pidió otros cuatro meses de detención porque hasta el momento no concluyó la investigación preliminar. Ahora está recluido en San Pedro, pero aún está delicado, según su abogada Evelyn Cossío.
Por su lado, la exministra Eidy Roca tuvo que esperar más de un año para que un fallo constitucional ordene la suspensión de su arraigo y de esta manera pueda viajar a Argentina para tratarse de la Esclerosis Lateral (ELA) que la aqueja. Salió del país el 7 de mayo y retornó. Ahora debe volver a Argentina para continuar con el tratamiento y logro otro permiso. Está acusada por la compra irregular de respiradores chinos en 2020, pero hasta ahora la Fiscalía pudo formalizar los cargos.
El expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, instó a buscar la unidad política “para recuperar la justicia” y por esa vía “defender los derechos humanos”. Además, cuestionó la forma en la que se está afectando los derechos de Amparo Carvajal, a quien ayer intentó atender una brigada del Ministerio de Salud en la terraza de la sede de la APDHB, donde está porque le impiden entrar a las oficinas.
“Que entren por la puerta y no por la escalera, ellos tienen que respetarse porque son parte del Estado”, afirmó Carvajal al referirse a la visita de la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo. La postura de la presidenta de la Asamblea tiene que ver con la forma en la que las oficinas fueron tomadas por Édgar Salazar y sus seguidores.
“Le hemos ofrecido los servicios del médico internista, que ha estado presente y el personal de laboratorio. Son cuatro pacientes que están ahí; a tres pacientes se les ha controlado y se les ha realizado el control correspondiente. Eso se garantiza, la paciente Carvajal es quien ha mencionado que no requiere la atención correspondiente”, dijo la viceministra de Salud, al abandonar esas instalaciones.
Los “otros pacientes” mencionados por Hidalgo son los seguidores de Salazar que se declararon en huelga de hambre para presionar a Carvajal que deje la medida. “No tenemos competencia directa porque es un problema ajeno al Estado”, apuntó la ministra de Salud, María René Castro, al ratificar la postura del Gobierno.
“Las agresiones a Amparo Carvajal por el gobierno del MAS han sido constantes y muestran la decisión de Arce de acallar cualquier voz que reclame por el respeto a la democracia y los Derechos Humanos en Bolivia. Demando a los organismos internacionales que se sumen a la defensa y protección de Carvajal”, afirmó Mesa.
Salazar pidió ayer dialogar para resolver el conflicto, pero sin ceder. “No retrocederemos después de haber recuperado nuestras oficinas. No permitiremos que utilicen la historia y la institucionalidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para sus intereses político”, dijo el dirigente a los periodistas en la Plaza Murillo, el centro del poder político.
Hace 15 días, la justicia emitió un fallo favorable a Carvajal y prohibió a Salazar hostigar a la activista. El fallo no se ha cumplido y la activista espera que se cumpla la ley.
Desde anoche, dos ambulancias esperan en la puerta. La tensión aumenta, los activistas que la apoyan creen que en cualquier momento podrían sacar a Carvajal por la fuerza. Anoche se reunió con el cónsul de España y los policías retiraron las escaleras y ni su abogado pudo visitarla.
Fuente: El Deber
