El expresidente anticipa que la instancia constitucional ratificará la “inocencia” de David Moscoso, establecida por el Tribunal Supremo de Justicia.
El expresidente Carlos Mesa anticipa que una decisión judicial allanará el proceso privado en su contra iniciado por uno de los socios de Quiborax, David Moscoso. Acusa al Gobierno de pretender garantizar la impunidad sobre las irregularidades y así también perjudicarlo políticamente.
Sostuvo que la Autoridad de Fiscalización de Empresas presentó un amparo constitucional por, supuestamente, objetar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en 2021 anuló la sentencia de 2009 contra Moscoso por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en grado de complicidad.
“Ese cabo suelto lo está cerrando el Gobierno al haber instruido a la autoridad de empresas presentar una impugnación ante la Sala Constitucional, para que anule lo mal hecho, pero el objetivo real es que los jueces del ente constitucional ratificarán lo hecho por el Tribunal Supremo de Justicia, y así garantizar la definitiva impunidad de David Moscoso”, advirtió.
El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) considera que la decisión constitucional garantizará “la definitiva impunidad de David Moscoso, la impunidad de responsabilidades de los exfuncionarios del Gobierno de Evo Morales, que le hicieron un grave daño al Estado, y anulará la posibilidad de una investigación independiente y finalmente dará la vía libre al juicio privado que nos siguen a nosotros por injuria, difamación y calumnia”.
La conferencia de prensa:
En 2004, durante su presidencia, Mesa revirtió las concesiones mineras que tenía Quiborax Bolivia. Esa empresa acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y ganó el proceso; y en 2018 el Estado erogó 42,6 millones de dólares de indemnización.
Sin embargo, el expresidente sostiene que la defensa nacional incurrió en errores, porque Quiborax adulteró documentos, para figurar como empresa con capitales extranjeros; caso contrario no habría podido iniciar el arbitraje.
“El cómplice es autor de un delito, no lo exime, es parte del delito, fue condenado a dos años de cárcel, fue parte de un grupo de falsificadores, reconoció y pidió juicio abreviado, no puede haber difamación, injuria y calumnia, cuando reconoció el delito”, agregó Mesa.
Al respecto, el diputado Carlos Alarcón, contra quien también se abrió el proceso privado, indicó que “el antecedente de la asociación entre el Gobierno de Evo Morales, los socios de Quiborax, cuando sale el auto, en velocidad rayo, en tres días ocurre que el acusador público el fiscal Blanco retira la acusación, el acusador particular, la actual autoridad de empresas, retira la acusación y dos jueces de sentencia cierran el caso penal y archivan el proceso, y el mismo día el presidente dicta el Decreto para que se realice el pago a Quiborax”.
Sostiene que la próxima decisión de la sala constitucional será el “cierre del circuito completo para consolidar el negociado, donde no solo está involucrado el Gobierno de Evo Morales y los socios de esta empresa, sino el sistema judicial en su conjunto”.
Fuente: El Deber
