El precio de 26.000 dólares por cada respirador español fue fijado en una llamada tripartita entre el proveedor-intermediario de IGM Consulting, el español Iñaqui García, el contacto Walter Zuleta refugiado en Perú y el gestor en Bolivia, el exdirigente de futbol cochabambino Luis Fernando Humérez, según la declaración de éste ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (Felcc).
El proveedor cotizó su producto en 20.000 dólares por cada aparato, pero en el diálogo García y Zuleta habrían propuesto a Humérez, elevar a 6.000 el costo final, para que cada uno reciba 2.000 y obtengan una ganancia de 340.000 americanos, incluso el proveedor “podía considerar parte del incremento en el precio para destinar a la gente del Ministerio de Salud”, según el mismo relato policial.
El “testigo clave” explicó a los investigadores que los 6.000 dólares eran considerados utilidades que la empresa, en su libertad, podía disponer para cubrir honorarios de los gestores Zuleta y Humérez por haber canalizado la negociación con el Ministerio de Salud.
Todo esto no habría sucedido si no se hubiera producido una llamada tres semanas antes de parte del director jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela a Fernando Humérez Ortiz, consultando si conocía algún empresario para proveer estos equipos. Por ese motivo, se contactó con Zuleta porque cuando comenzó la pandemia, éste le ofreció conseguir insumos hospitalarios y otros para Bolivia y otros países.
Dijo que una vez cerrado el monto de los 26.000, transmitió la información al director jurídico quien le habría solicitado enviar cotizaciones. Luego el funcionario público le dijo a Humérez que había una cotización a la mitad de precio planteado por Cossin.
Enterado de esta noticia, Iñaqui García descalificó a su competidor, afirmando que era el único distribuidor autorizado para Bolivia y que según sus consultas, el fabricante GPA Innova no había extendido ninguna cotización a nadie para Bolivia.
“Tengo serias dudas que la carta que Iñaqui presentó al Ministerio de Salud, indicando que es el único autorizado en Bolivia, es falsa. Si fuera así, el problema se traslada a la fábrica”, declaró al puntualizar esa carta fue la que aceleró la firma del contrato.
También relató que para concretar la operación, Iñaqui García tomó contacto con el cónsul general de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada, con quien verificaron la existencia de los 170 respiradores, habiendo quedado el representante diplomático “absolutamente satisfecho con los respiradores”.
De acuerdo con el relato, el proveedor también le habría manifestado que tuvo un contacto directo con el ministro de Salud Marcelo Navajas quien habría quedado satisfecho con los respiradores.
Humérez explicó que con Zuleta su relación es de larga data en su calidad de exdirigentes de futbol boliviano; con Iñaqui García por esta relación comercial y con Valenzuela se contactó por encargo del exministro de Salud Aníbal Cruz, para coordinar acciones de lucha contra el coronavirus en su calidad de asesor particular de varios alcaldes del Valle Alto de Cochabamba.
Dijo que una vez concretada la operación y recibido el primer desembolso, Iñaqui le ofreció pagar sus comisiones, pero le habría planteado que termine la operación de compra-venta, que se obtenga una declaración de satisfacción del cliente y luego recién firmaría un contrato legal para el pago de las comisiones vía el sistema bancario.
El ministro de Salud en sus declaraciones a la Policía, indicó que la factura entre el intermediario y el Estado por el monto pagado por el Banco Interamericano de Desarrollo es de 3.457.425 y que aún el BID debe pagar el 50%. En un comunicado del 17 de mayo, el Ministerio de Salud informó que el costo final por cada aparato era de 27.683 dólares.
Como surgió el escándalo del supuesto sobreprecio, Humérez hizo valer sus dudas sobre la veracidad de carta de representación única para Bolivia que decía tener Iñaqui García, y decidió oficializar su denuncia ante la Policía Boliviana, el mismo día (jueves 21 de mayo Hs 12:43) cuando recibió una llamada del proveedor quien le había informado que decidió enviar toda la documentación al Ministerio de Justicia boliviano.
Aseguró no haber recibido un centavo por adelantado porque si no “no tendría la autoridad moral para denunciar a la gente de España. Soy consciente de que si hubiese recibido un solo centavo, mi situación jurídica se complicaría gravemente”, dijo a tiempo de entregar a la Policía su aparato celular y los números telefónicos de Walter Zuleta, Iñaqui García, del exministro de Salud y del exdirector jurídico Fernando Valenzuela.
