“Se dispuso la apertura y desclasificación de este archivo secreto que se encontraba en una cámara metálica ubicada en el subsuelo del edificio de la Procuraduría”, dijo.
El procurador explicó que el 14 de febrero, el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó un proyecto de decreto supremo para anular la norma 2698 “que establecía el secreto para las contrataciones de bufetes internacionales” y que ahora corresponde la desclasificación del archivo secreto que contienen los contratos en cuestión.
Según el artículo 1 del Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, “se autoriza a la Procuraduría General del Estado la Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados; sean nacionales o extranjeros y otros Servicios Especializados, para la defensa legal del Estado”.
Asimismo, el artículo 5 señala que las contrataciones gozan de “confidencialidad” y que estas están eximidas del registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Cabrera explicó que en virtud de ese decreto y sus condiciones, el Gobierno de Morales negaba la información a los legisladores, como el senador Oscar Ortiz, que desde años solicitaban conocer la cuantía económica y la modalidad de contratación de los bufetes internacionales para la defensa legal del Estado en los arbitrajes por la estatización de empresas.
“Ahora vamos a poder contestar mañana (viernes) a la petición de informe escrito a la presidenta del Senado, Eva Copa, para responder a la solicitud que ha hecho el senador Ortiz”, agregó.
En esa línea, el procurador adelantó que la información que se obtenga de esta desclasificación también será remitida a los diputados, a fiscales de materia y a la Contraloría General del Estado, para que se hagan las investigaciones correspondientes.
“Esta información se mantuvo en el secretismo y será develada porque es inadmisible que, en un Estado de derecho, como dice la Constitución, ocurran estas cosas”, refirió.
Por su parte, el senador Ortiz felicitó la iniciativa del Gobierno “por derogar un decreto infame que nunca debió haber existido”, ya que “establecía como norma el carácter secreto a los contratos de los estudios jurídicos internacionales”.
“Aquí claramente se ve el abuso de poder, la discrecionalidad y la arbitrariedad ¿Qué tenían estos contratos para que no pudieran ser conocidos por el pueblo boliviano? ¿Por qué estos contratos eran tratados como un secreto militar?”, dijo.
Ortiz cuestionó que los contratos no hayan sido registrados en el Sicoes y que ni siquiera hayan sido protocolizados en una notaría, sino derivados a una cámara secreta en la Procuraduría.
“Lo único que esto puede explicar es la intención de ocultar lo que estamos viendo, que había, como en muchas otras áreas del exgobierno de Evo Morales, un trato de favorecimiento”, dijo.
El senador solicitó al procurador una minuciosa revisión de los contratos para determinar las responsabilidades legales “que tuvieron quienes firmaron este decreto y las responsabilidades legales de quienes contrataron de forma abusiva con los recursos públicos del pueblo boliviano”.
“Las normas deben estar establecidas para (que) nunca más haya secretos en relación a los recursos del Estado boliviano. No puede haber contratos reservados, ni gastos reservados, debe haber una redición de cuentas pública”, aseguró.
