El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa afirmó encontrarse en desventaja frente a la candidata del gobierno, porque las instituciones del Estado difunden propaganda con la imagen de la presidente Jeanine Añez, en un acto de injusticia e ilegalidad en el actual proceso preelectoral.
Sostuvo que desde el punto de vista de la ley está claro que no se pueden utilizar los medios del Estado, ni el gobierno puede usar ese tipo de acciones con argumentos subrepticios vinculados a la lucha contra el coronavirus o a cualquier otra cosa acción.
“Por ejemplo en las propuestas económicas que ha hecho el gobierno, vuelve aparecer la Presidente de manera significativa y eso no es justo ni equivalente, menos ahora que tenemos cero respaldo del Estado. Lo entendemos, no protesto por ello pero eso nos coloca en una clarísima desventaja”, dijo en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
Recordó que durante el gobierno de Evo Morales, a título de propaganda o publicidad gubernamental de las empresas o a título de la lucha contra los incendios de la Chiquitania, el presidente aparecía con un traje azul, dizque, apagando los incendios y las entidades del Estado establecían una lógica de dar una gran cantidad de propaganda con la imagen del presidente.
“Eso es exactamente lo que está pasado ahora”, manifestó Mesa al anunciar que apelarán a sus militantes y sobre todo a quienes creen que Comunidad Ciudadana es una opción correcta desde el punto de vista político, para hacer aportes pequeños, medianos o grandes para que la candidatura pueda difundir su programa, más aún si no habrá posibilidad del contacto personal con los electores.
Explicó que casi el 80 por ciento de los gastos de campaña se dirige a cubrir el costo de la publicidad sobre todo en la televisión donde los partidos deben pagar tarifas equivalentes al sistema comercial privado.
Mesa sostuvo que a consecuencia de la pandemia del coronavirus se tendrá que hacer una reelaboración de los costos de la campaña, peor ahora con la no recepción de recursos que tenían calculados de parte del Estado y que correspondía legalmente a cada una de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones octubre y que posteriormente fueron anuladas.
Según los datos extraoficiales, de los 35 millones de bolivianos del financiamiento estatal, 21.036.000 debieron distribuirse en forma igualitaria a cada uno de los nueve frentes inscritos para las elecciones. Y 14 millones, entre los partidos que participaron en los comicios de 2014, cuando el MAS obtuvo un triunfo contundente, por el cual debería recibir, en conjunto, cerca de 10 millones de bolivianos.
ANF.
