El motivo de la suspensión se debe a una baja médica del juez asignado al caso. Aún no hay una nueva fecha para la audiencia.
Por quinta vez consecutiva, la audiencia cautelar en el caso ‘decretazo’ contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido reprogramada, esta vez debido a la baja médica del juez Juan José Quiroz por tres días.
La audiencia, que se llevaría a cabo de manera virtual a las 9:00 de la mañana de este lunes 15 de mayo, aún no tiene una nueva fecha establecida, según el abogado Martin Camacho, representante legal del gobernador.
“Estas son cuestiones que escapan a la voluntad de las partes, nadie está exento de padecer una enfermedad, entendemos perfectamente y vamos a ser notificados seguramente con un nuevo señalamiento de audiencia”, expresó el jurista.
Por otro lado, el abogado señaló que, como en las ocasiones anteriores, se solicitó que el gobernador pueda asistir a la audiencia de manera presencial en Santa Cruz. Aseguró que esto garantizaría su derecho a la legítima defensa y le permitiría expresar directamente al juez cómo ocurrieron los supuestos hechos por los que está siendo investigado.
Con esta reprogramación, suman cinco las veces que no se logró desarrollar la audiencia en este caso. El lunes pasado, el juez la postergó debido a que el gobernador debía recibir un suero que se aplica cada 21 días para tratar su síndrome de Churg-Strauss.
¿De qué trata este caso?
El caso ‘decretazo’ data del 9 de marzo de 2022, cuando la primera autoridad departamental viajó a Brasil para participar de la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force).
Antes de emprender el viaje, Camacho firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, pero no así al vicegobernador Mario Aguilera.
Ante esa situación, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderada por el asambleísta Clemente Ramos, presentó una denuncia en contra de Camacho ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.
Fuente: El Deber
