La expresidenta transitoria fue acusada de terrorismo, un tipo penal que es cuestionado por entidades internacionales de Derechos Humanos. Pero, la Fiscalía ya presentado una acusación por la vía ordinaria en el caso del supuesto “golpe de Estado”.
El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz decidirá este martes si otorga a la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo en el penal de Miraflores bajo cargos de terrorismo, sedición y conspiración, la detención domiciliaria.
La audiencia de cesación de detención será virtual y fue convocada para las 14:30 de este martes, de acuerdo con el rol de turnos que dispuso el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La entidad ingresó justamente este martes en la vacación colectiva anual que se extenderá hasta el 31 de diciembre.
En el memorial que presentó el equipo jurídico de la exmandataria se precisa que, desde que fue detenida, en Trinidad, no se presentaron los riesgos procesales como la posibilidad de fuga y obstaculización de las investigaciones, entre otros.
La expresidenta transitoria fue demandada por la exdiputada Lidia Patty (MAS) por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, siendo esta última figura legal cuestionada por organismos de derechos humanos.
Al término de su reunión anual en Ginebra, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) pidió una reforma urgente de la justicia en Bolivia por la falta de independencia de este poder.
En un informe que fue elaborado por diez expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se hace notar “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.
En ese mismo tono, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la recurrencia con la que el sistema judicial apela a este tipo penal y pidió hacer ajustes.
El 29 de noviembre, la Fiscalía presentó una acusación formal contra Áñez y los exjefes militares que habían sido designados por ella y durante el gobierno de Evo Morales.
El requerimiento, firmado por la comisión de fiscales que encabezan Omar Mejillones y Lupe Zabala fue presentado por la vía ordinaria y no reconoce legalmente a la gestión de la expresidenta.
La acusación que se presentó es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la leyes e incumplimiento de deberes que Áñez pudo cometer cuando asumió la presidencia tras la renuncia de Morales a la presidencia en la crisis de 2019.
Por este mismo hecho, Patty demandó a la exautoridad pero bajo la figura de terrorismo.
Adicionalmente, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa que autorice un juicio de responsabilidades contra Áñez por cuatro casos, entre ellos por las 22 muertes en las masacres de Senkata y Sacaba.
La senadora Virginia Velasco (MAS), quien presidente la Comisión de Constitución, afirmó el lunes que aún no leyó esos requerimientos y que se tomará un tiempo para conocerlos antes de convocar a la comisión para el análisis de este caso.
El expresidente Evo Morales, quien es líder del MAS, expresó en varias ocasiones que no respaldaba un juicio de responsabilidades contra Áñez en el caso del supuesto “golpe de Estado”.
Para que el Legislativo apruebe los juicios de responsabilidades se requieren de dos tercios de respaldo. El MAS no cuenta con esos votos.
Por Mauricio Quiroz Terán
Fuente: El Deber
