Ante el descontento por la sanción y posible promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el Consejo Nacional de Salud (CONASA), que aglutina a los colegios profesionales de salud y sindicatos mixtos, está en alerta para llevar adelante una movilización nacional en rechazo a la futura normativa.
El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, dijo que la resolución del último cónclave en Santa Cruz es clara: “Todos los sectores de salud cuestionaron las enmiendas realizadas (pedido del Colegio Médico de Bolivia) porque no llenan las exigencias del rubro”.
El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Edil Toledo, señaló que ya no se trata solo de los colegios médicos, sino de todos los sectores de salud.
“Tanto el Consejo Nacional de los Médicos como el CONASA han consensuado llegar hasta el paro indefinido, según se presenten las circunstancias”, dijo a Red Uno.
Una de las resoluciones del CONASA manifiesta que “en caso de que el Poder Ejecutivo promulgue la mencionada ley, el Colegio Médico de Bolivia y otras instituciones iniciarán medidas de presión hasta llegar al paro indefinido, además de iniciar las acciones legales de manera inmediata”.
En tanto, Alejandra Lucía Hidalgo Ugarte, viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, en declaraciones a Cepra, lamentó que se tomé esta decisión, toda vez que los afectados son los ciudadanos,
“Nos hemos reunido con ellos, han estado de acuerdo con los artículos que se ha revisado, se ha hablado con ellos y ahora nos dicen tenemos estos tres artículos más y revisemos, existen etapas como la reglamentación, se puede conversar con los colegas”, afirmó.
Los profesionales y trabajadores en salud denuncian que la mencionada ley vulnera la Constitución Política del Estado, la Ley 3131, los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia.
En ese contexto, la observación puntual es la conformación del Consejo Nacional integrada por 11 ministerios, pero no se da lugar a la participación del Comité Científico Nacional, que debería integrar para establecer temas de protocolos, vías y programas de contención.
También los profesionales consideran que la norma vulnera la autonomía departamental y municipal y que a nombre de “que si no puede responder el gobierno subnacional” ingresaría el Gobierno Central quitándoles competencias exclusivas a las gobernaciones y municipios, que tienen sus leyes y decretos concurrentes.
La confidencialidad es el otro tema que incomoda a los profesionales en salud, porque señalan que no se podrán conocer los gastos que realice el Estado a nombre de la pandemia del Covid-19.
La ley de emergencia sanitaria autoriza compras directas de materiales sanitarios, refuerza las atribuciones gubernamentales para regular los precios de medicamentos y servicios médicos privados y crea una comisión interministerial de coordinación del combate a la pandemia, entre otras medidas.
Ante el rechazo del sector salud a la norma de emergencia sanitaria, el ministro de Justicia, Iván Lima, en su oportunidad dijo que Bolivia necesita con urgencia esa normativa, porque según la autoridad responde a exigencias del mecanismo Covax para la donación de vacunas.
“Es una ley que necesitamos con urgencia para cumplir ciertos requerimientos internacionales del mecanismo Covax y de los laboratorios”, dijo Lima el viernes en entrevista con la red Uno.
Por otro lado, las clínicas privadas del país rechazaron la “estigmatización” a su sector y cuestionaron la imposición en la regulación de precios para el tratamiento de pacientes con coronavirus. En ese marco, se declararon en estado de emergencia.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Centros de Salud (Adeclip) hizo conocer que están siendo “amedrentados” a través de diferentes autoridades gubernamentales con el objetivo de forzar el cumplimiento de la Resolución Ministerial 0043 de regulación de precios.
Los Tiempos
