Laurel Beeler aseguró que no están claros los peligros a la seguridad nacional que argumentó el Gobierno y que la medida podría violar la Primera Enmienda.
La magistrada federal Laurel Beeler, jueza que se desempeña en una corte del Distrito Norte de California (EE.UU.), emitió este domingo una orden preliminar para bloquear la prohibición de las descargas de la aplicación de mensajería china WeChat ordenada por el Gobierno del presidente Donald Trump. De esta forma, WeChat podrá seguir siendo ofrecida en el mercado estadounidense.
Beeler explicó en un escrito que “ciertamente el interés general de seguridad nacional del Gobierno es significativo, pero (…) mientras que el Gobierno ha establecido que las actividades de China suponen preocupaciones significativas de seguridad nacional, ha dado pocas pruebas de que la prohibición efectiva de WeChat para todos los usuarios en EE.UU. aborde esas preocupaciones”.
El Departamento de Comercio, apelando a razones de seguridad nacional, había decidido que a partir de las 23.59 horas de este domingo no se autorizarían más descargas de la aplicación del gigante chino Tencent. En los hechos, la prohibición debía desactivar las funciones de la plataforma, utilizada por unos 19 millones de personas en suelo estadounidense para mensajería, compras, pagos y otros.
Usuarios reclamaron
La Alianza de Usuarios de WeChat había presentado una demanda en agosto en contra del Gobierno, lo que llevó a Beeler a emitir su orden. “Como apuntan los demandantes, hay alternativas obvias a una prohibición completa, como vetar WeChat de los aparatos del Gobierno, como ha hecho Australia, o adoptar otras medidas para tratar la seguridad de los datos”, dijo la magistrada.
“Las pruebas de los demandantes reflejan que WeChat es efectivamente el único medio de comunicación para muchos en la comunidad, no solo porque China prohíbe otras aplicaciones, sino también porque los hablantes chinos con poco dominio del inglés no tienen otra opción más que WeChat”, razonó la magistrada, que destacó también las serias dudas que supone la orden del gobierno, que podría violar la Primera Enmienda, que garantiza las libertades de expresión, culto, prensa y reunión.
DW.
