La Fiscalía determinó rechazar la denuncia presentada contra la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por el tipo penal de prolongación de funciones.
La información fue proporcionada por la Defensoría del Pueblo, después de que fue notificada con la resolución de rechazo emanada del Ministerio Público.
La denuncia, ahora rechazada, fue presentada en junio de este año por el diputado Amílcar Barral.
De acuerdo a la fundamentación jurídica de la Fiscalía, se estableció que “no se cuenta con algún elemento de prueba que demuestre la Sra. Nadia Alejandra Cruz Tarifa hubiere sido notificada de forma oficial con el cese de sus funciones en el cargo de Defensora del Pueblo”.
“De lo referido precedentemente se evidencia que no se ha demostrado que la sindicada Nadia Alejandra hubiere continuado indebidamente con el ejercicio de funciones como Defensora del Pueblo”, señala el documento.
Según la Defensoría, la fiscal Rocío Feaudi, señalo en su resolución que “hasta la fecha no se ha presentado al Ministerio Público elementos de convicción suficientes por parte del denunciante a objeto de esclarecer el hecho”.
Además, indicó que la denuncia no señala ni tiene documentación idónea que demuestre efectivamente Cruz ya cesó en sus funciones.
La denuncia de Barral sostenía que Cruz sólo debía mantenerse en el cargo interino de Defensora por 90 días, plazo que terminaba el 30 de abril de 2019.
Según embargo, el Ministerio Público hizo referencia a la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de fecha 30 de enero de 2019 y señaló que, si bien establece la fecha de inicio del interinato de la Defensora del Pueblo, no precisa la fecha de su culminación y/o cese de sus funciones.
Remite a Barral ante la Comisión de Ética
La Defensoría del Pueblo, por otra parte, observó que el diputado Barral, al momento de realizar la denuncia y prestar su declaración informativa, de forma maliciosa o extraña, declaró domicilios falsos, situación que impidió su notificación de forma personal con la señalada Resolución de Rechazo.
Debido a esa actitud de Barral, considerada “maliciosa” por la Defensoría, Cruz se vio en la obligación de remitir los antecedentes ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para su procesamiento y sanción correspondiente.
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